Fuente: AEAT
La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza muestra su total rechazo a las medidas económicas que se han conocido del acuerdo programático del PSOE y Sumar para la formación de un nuevo Gobierno y que van a tener un impacto negativo en la actividad empresarial, el crecimiento de la economía y la generación de empleo.
Esta promesa intervencionista del Gobierno es un atropello al diálogo social y un ninguneo a los agentes sociales que trabajan incansablemente para encontrar puntos de acuerdo y elaborar textos que aúnen los intereses de empresas y trabajadores. Más allá de lo expuesto, también genera incertidumbre en las actuales negociaciones, siendo un obstáculo para el entendimiento.
Este acuerdo, elaborado a espaldas de los interlocutores del diálogo social, aborda erróneamente cuestiones propias de la negociación colectiva, desde un planteamiento contrario a la filosofía de ese marco de diálogo, basada en el acuerdo y la pluralidad de perspectivas. Contrariamente, este borrador se ha engendrado de forma unilateral, motivado por cuestiones ideológicas y actuando al margen de los intereses sociales y políticos.
El texto del acuerdo consiste en una reducción del máximo de jornada de trabajo, que pasaría de las actuales 40 horas semanales a las 37.5 horas propuestas, y con la intención de llegar a las 35.
Con la información publicada hasta el momento, exponemos algunos ejemplos de cómo afectará la medida propuesta:
No está claro cómo se pretende aplicar la jornada ya que no se ha especificado si va a ser de forma semanal o anual, es decir: si se va a tener que trabajar todas las semanas de 2024 38,5 horas, o si se va a poder adaptar según el sector y el trabajo. Tampoco ha quedado dilucidado como se aplicará en las puntas de actividad.
En cualquier caso, habrá consecuencias claras:
El efecto inmediato para las empresas es el será el aumento de los costes productivos para conseguir la misma productividad, lo que conllevará una inminente pérdida de la competitividad. Este efecto será perceptible tanto en las empresas que trabajan non-stop como en la mayoría de las que conforman nuestro tejido empresarial formado por PYMEs.
Así pues, si no se logra mantener la productividad en las planteadas circunstancias se pondrá en peligro la continuidad de las empresas, produciéndose el efecto contrario al deseado por este planteamiento intervencionista.
Desde la FEMZ pedimos a la clase política que se deshaga de su venda ideológica para mirar la realidad social y económica. Es imprescindible que se ponga en valor el papel de la negociación colectiva como recurso para el consenso, como elemento cohesionador que asegura la paz social y favorece la estabilidad y el progreso de España. Por ello, las cuestiones relativas a este marco de negociación deben seguir recayendo en los sindicatos y organizaciones empresariales y no llegar a través de acuerdos unilaterales elucubrados desde el tintero político.
Como defensores de los intereses de las empresas del sector del metal, seguiremos trabajando para que, quienes hacen que nuestra sociedad prospere, encuentren en la administración pública un respaldo y no un obstáculo. Por ello, la Federación transmitió el pasado 25 de octubre su preocupación sobre tal aventurado borrador político a CEPYME en el encuentro de asociaciones celebrado ayer en el marco del 45 aniversario de CEPYME Zaragoza.
Se adjunta a continuación el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura en el cuarto trimestre de 2023:
Tras iniciales desmentidos de la TGSS (véase reciente carta del Director General de la TGSS en contestación a los Gestores Administrativos) sobre la imposibilidad – dado su carácter normativo – de ampliar el plazo que finaba el 31 de este mes de octubre para la presentación de datos por parte de afiliados al RETA en cumplimiento de la obligación prevista en la Disposición Transitoria única del RD 504/2022, de 27 de junio, finalmente, tras reunirse el pasado viernes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, con representantes de Graduados Sociales de España se alcanzó un acuerdo por el que el plazo para que los autónomos societarios y otros colectivos cumplan con su obligación de comunicar sus datos se ampliará hasta el 31 de marzo de 2024.
Tal modificación – que implicaría la necesaria reforma de la norma y plazo antes indicado – se recoge al parecer en un proyecto de RD, y su la disposición transitoria tercera señala el nuevo plazo de comunicación de datos por parte de trabajadores por cuenta propia o autónomos que figuren en alta en el Régimen de Seguridad Social.
Esta disposición transitoria indicará al parecer que los trabajadores que, a fecha de entrada en vigor del RD, figuren en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia, o sean autónomos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, como trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero de cotización, y estando obligados a aportar cualquiera de los datos relacionados en los párrafos 1º a 8º del artículo 30.2 b) del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, y no hubiesen comunicado dichos datos con anterioridad al 1 de noviembre de 2023, tendrán que comunicarlos por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad social en un plazo que finalizará el 31 de marzo de 2024.
Una vez se publique el RD aún en proyecto, se dará cumplida cuenta del mismo, pero debemos recordar que, hoy por hoy, el plazo del 31 de octubre es el que sigue vigente (en el BOE de hoy, 26 de octubre, no aparece publicado tal RD de modificación)
Como todos los años, el Departamento de economía, empleo e industria del Gobierno de Aragón publicita los días de apertura autorizados en domingos y festivos de los establecimientos comerciales para el año 2024, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Orden publicada lo es en aplicación de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales y el artículo 2 de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos en la Comunidad Autónoma de Aragón, por los que se atribuye a la Comunidad Autónoma la facultad de determinación de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios.
El artículo 2.1 de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura en festivos, establece en diez el número de domingos y días festivos, en que los comercios podrán permanecer abiertos al público, sin perjuicio de lo dispuesto para los establecimientos con régimen especial de horarios (Art. 3 de la Ley 7/2005).
Igualmente se recuerda la posibilidad prevista a favor de los Ayuntamientos en el artículo 2.6 de la Ley 7/2005, de 4 de octubre, estas entidades locales podrán sustituir, del total de las fechas establecidas, dos de las mismas, comunicándolo a la Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía del Departamento de Economía Empleo e Industria con una antelación mínima de 15 días naturales y, en todo caso, antes del 30 de abril de 2024.
Tras el período de consultas a las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Aragón, las confederaciones de empresarios, las federaciones y asociaciones de empresarios de Comercio, las asociaciones de consumidores y organizaciones sindicales más representativas, así como las empresas de distribución comercial de diferente entidad y sectores, y habiéndose tenido en cuenta por otra parte los derechos de los consumidores y usuarios, los derechos laborales de los trabajadores y los intereses de los empresarios, se ha resuelto por el Departamento que los días que podrán permanecer abierto al público los establecimientos comerciales en cada provincia en el año 2024, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre establecimientos con régimen especial de horarios, serán los siguientes:
El pasado martes 24 de octubre tuvo lugar en el Juzgado de lo Social Nº 8, el juicio sobre la demanda interpuesta por conflicto colectivo, que versaba sobre que porcentaje de la revisión salarial debía ir a tablas de convenio y que porcentaje se aplicaba a los atrasos de los años 2021 y 2022, fruto de la revisión salarial y el incremento del IPC.
A continuación, un breve recordatorio de los puntos en juego:
| EJEMPLO | 2021 | 2022 | ACUMULADO 21+22 | 130% | 2023 |
| % IPC REAL | 6,5 | 5,7 | 12,2 | * | * |
| % TABLAS CONVENIO | 2,05 | 2 | 4,05 | 5,265 | * |
| DIFERENCIA ATRASOS | 8,15 | ||||
| DIFERENCIA TABLAS | 6,94 |
Esto básicamente es lo que tiene que dilucidar el juez: qué porcentaje va a ir destinado a los atrasos de convenio, y cuál a tablas del siguiente año (8.15 o 6.94). Nuestro letrado ha expuesto de forma clara nuestra postura.
El juicio está visto para sentencia. Suponemos que unos 10 días sabremos algo, pero hay que esperar a ver cuándo se pronuncia el juzgado.
Les mantendremos informados en cuanto tengamos noticias.
Entre el 25 y el 27 de octubre tendrá lugar en Bilbao el STEEL TECH, Congress & Expo, un evento centrado en aquellas temáticas comunes a las empresas electrointensivas, las que trabajan con metal, y aquellas interesadas en la sostenibilidad, la descarbonización, la economía circular, la gestión de residuos, las nuevas fuentes de energía, las plataformas colaborativas y la resiliencia.
Los asociados a la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza gozarán de los siguientes beneficios:
Inscripción con precio preferente
El número de concursos presentados durante el segundo trimestre de este año experimentó un importantísimo incremento interanual: los 12.006 concursos recibidos entre abril y junio pasados por los Juzgados de lo Mercantil representan un 107,1 % más que los registrados en estos órganos judiciales y en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción en el mismo periodo de 2022. Por tipo de concurso, los que mostraron un mayor incremento -del 217 por ciento- fueron los presentados por personas naturales no empresarios, que sumaron 9.279.
Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el mayor número se registró en Cataluña, donde los 4.074 concursos registrados representan un 33,9 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.475 concursos; Comunidad Valenciana, con 1.450; y Madrid, con 1.416.
Respecto a los concursos de personas jurídicas, se presentaron 1.528, un 1,2 por ciento más que en el mismo trimestre de 2022. Cataluña fue la Comunidad Autónoma donde se registraron más concursos de este tipo, con 496, lo que supone el 32,5 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 260; Comunidad Valenciana, con 178; y Andalucía, con 131.
Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 1.199, fueron los únicos que mostraron una tendencia a la baja al descender en un 11,9 % respecto a igual trimestre de 2022. Cataluña fue el territorio con más concursos de este tipo, con 703, lo que supone el 58,6 % del total nacional. Le siguieron Madrid, con 102; Andalucía, con 86; y la Comunidad Valenciana, con 72.
Los concursos presentados por personas naturales no empresarios ascendieron hasta 9.279, lo que supuso un incremento del 217 % respecto al ejercicio anterior. La lista la encabeza Cataluña con 2.875 concursos presentados, que representan el 31 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.258; la Comunidad Valenciana, con 1.200; y Madrid, con 1.054.
En los siguientes gráficos se muestra el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos tribunales superiores de justicia, distinguiendo por tipo de concurso: de personas físicas no empresarios, de personas físicas empresarios y de personas jurídicas.
El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil ascendió hasta un total de 9.000, lo que equivale a un incremento del 496,8 % respecto al mismo periodo del año anterior.
En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, un 63,9 por ciento menos que un año antes, mientras que los que iniciaron la fase de liquidación, 1.292, casi duplicaron la cifra registrada en el segundo trimestre de 2022 al aumentar un 43,7 por ciento.
Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 93 expedientes, un 5,1 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
En el segundo trimestre de 2023 se presentaron 34.014 demandas por despido, un 18,3 por ciento más que en el mismo trimestre de 2022. Cataluña, con 7.160 (el 21,1 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Andalucía, con 5.336; Madrid, con 5.230; y la Comunidad Valenciana, con 4.517.
El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social también experimentó un importante aumento interanual, situado en el 16,6 por ciento, al contabilizarse un total de 35.469. De ellas, 7.875 se presentaron en Madrid, lo que ha supuesto el 22,2 % del total nacional; 5.501 en Andalucía y 4.381 en Cataluña.
Los siguientes gráficos muestran el número de demandas de despido y de reclamación de cantidad por cada 100.000 habitantes:
Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 297.658, lo que ha supuesto un fuerte incremento interanual, situado en el 36,7 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Madrid, donde se tramitaron 53.122. Le siguen Andalucía, con 52.473; Cataluña, con 51.383; y la Comunidad Valenciana, con 34.940.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
El número de lanzamientos practicados volvieron a experimentar en el segundo trimestre de 2023 un descenso interanual que se situó en el 32,7 por ciento. Entre abril y junio pasados, los lanzamientos practicados fueron 7.279.
De ellos, 5.306 (el 72,9 %) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.497 (el 20,6 %) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 476 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron durante una disminución interanual del 37 por ciento, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron en un 32,6 por ciento. Los derivados de otras causas descendieron el 16,2 por ciento.
Cataluña –con 2.274 lanzamientos, el 31,2 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron un mayor número durante el segundo trimestre de 2023. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.090; Andalucía, con 1.051; y Madrid, con 561.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.621, el 30,6 por ciento del total. Por detrás, la Comunidad Valenciana, con 803; Andalucía, con 658, y Madrid, con 492. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Cataluña, con 415, fue el territorio que presentó el mayor número, seguida de Andalucía, con 316, y la Comunidad Valenciana, con 251.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2023 fue de 13.516, un 21,1 % menos que en mismo trimestre de 2022. De ellos, 6.248 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 32 por ciento.
Resulta más significativo poner en relación el número de lanzamientos con la población. Se obtienen los siguientes resultados:
En el segundo trimestre del año se presentaron 5.161 ejecuciones hipotecarias, un 17,3 % menos que en el mismo periodo de 2022.
El mayor número se dio en Andalucía, con 1.064, un 20,6 % del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.027; la Comunidad Valenciana, con 821; y Madrid, con 567. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 15,7 ingresadas por cada 100.000 habitantes; y Castilla la Mancha, con 13,4.
En el segundo trimestre de 2023, ingresaron en los juzgados especializados 21.522 asuntos de esta naturaleza, lo que representa un 2,5 % más que en igual trimestre de 2022. Se resolvieron 29.669 asuntos, un 19,9 por ciento menos, y quedaron en tramitación 145.201, lo que supuso una disminución de la pendencia en un 21,7 por ciento. Se dictaron un total de 24.624 sentencias, el 97,4 % de las cuales fueron estimatorias.
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el segundo trimestre de 2023 ingresaron 797 asuntos de este tipo, un 2,3 por ciento más que el año anterior. En Cataluña se presentó el mayor número de demandas (195), que representan el 24,5 por ciento del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 137; Andalucía, con 130; y Castilla-La Mancha y Madrid, con 57 cada una.
Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, obtenemos la siguiente comparativa:
Consulte los datos estadísticos correspondientes al segundo trimestre de 2023 y las series completas desde 2007 en la siguiente dirección:
El Ayuntamiento de Zaragoza ha promovido dos líneas de subvenciones dirigidas a acciones orientadas a la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas de Zaragoza.
Cada solicitante podrá presentar una única solicitud a esta convocatoria, debiendo elegir si se presenta a la línea A o la línea B.
El importe a conceder a cada entidad beneficiaria tendrá un límite mínimo de 500 euros y un límite máximo de 20.000 euros. La subvención otorgada no podrá superar el 80% del presupuesto presentado.
Podrán presentar solicitudes hasta el 18 de octubre de 2023.
Las acciones subvencionables y demás elementos relevantes de estas líneas de subvenciones pueden encontrarlos en la Convocatoria pública de subvenciones para la competitividad empresarial, en régimen de concurrencia competitiva
Más información:
cmurillo@cepymearagon.es
Entre la información facilitada por la AEAT, se destaca la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios 2021.
Se presenta la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios (EDM) que ofrece una perspectiva integral (tanto rentas sujetas al impuesto como exentas) de la renta personal bruta (antes de reducciones, mínimos y gastos deducibles) de las personas declarantes; así como una estimación de la renta disponible, descontando a la renta bruta la cuota líquida resultante del impuesto y las cotizaciones sociales y derechos pasivos a cargo de la persona trabajadora consignados en su declaración.
Las fuentes informativas utilizadas en la EDM son el modelo 100 de declaración anual del IRPF y el resumen anual 190 de retenciones e ingresos a cuenta para las rentas exentas. La estadística desglosa los distintos componentes de la renta personal bruta (trabajo, capital mobiliario, capital inmobiliario, rentas de actividades económicas, otras rentas, ganancias patrimoniales netas y rentas exentas) y también presenta los importes de las principales partidas agrupadas de las partidas de la declaración, tanto a nivel nacional y Comunidad Autónoma como (y esta es la novedad) por provincia o municipio de más de 1.000 habitantes. Además, permite obtener resultados agrupando todos los municipios de territorio fiscal común, de una Comunidad Autónoma o de una provincia según el tamaño de su población (a partir de los datos oficiales del Padrón de Población del Instituto Nacional de Estadística).
Hay que destacar que la información declarada en el IRPF se refiere a la totalidad de rentas percibidas en el año de devengo por todos los miembros que integran una unidad familiar. Por tanto, no puede interpretarse la renta media por declaración ni como renta individual ni como renta por hogar o familia en sentido estricto, ya que dependerá de la modalidad de declaración (individual o conjunta) escogida. No obstante, la estadística incorpora como información adicional el número total de titulares declarantes (uno en individual y conjunta monoparental, dos en conjunta de casados) para aproximar el total de personas adultas contribuyentes del impuesto.
Próxima publicación: octubre de 2024 (Datos de 2022)