El pasado 3 de abril entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de justicia, que se predica en su exposición de motivos, como la reforma de más calado desde la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que fue la primera norma que, con carácter general, recogía las exigencias estatutarias en materia de organización judicial tras la promulgación de la Constitución de 1978.
Han pasado más de 35 años desde que aquella norma viniera a revolucionar el modelo organizativo territorial del Poder Judicial. En sus más de siete lustros de vigencia, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ha sido objeto de reforma en numerosas ocasiones, sin que se haya cambiado de forma sustancial la organización de los tribunales en lo referente a su planta y demarcación. Así pues, la estructura de organización de los tribunales ha permanecido prácticamente intacta, manteniendo la división territorial desde el municipio, como elemento básico, hasta llegar a las comunidades autónomas.
Cabe destacar que en esa organización siempre se ha partido de considerar a los juzgados, órganos unipersonales, el primer escalón de acceso a la Justicia para la ciudadanía, trasladando la existencia de los tribunales, como entes colegiados de organización y enjuiciamiento, al nivel provincial o superior.
Actualmente, la creciente complejidad de las relaciones sociales y económicas, unida al importante incremento de la litigiosidad, plantean nuevas exigencias en la organización de la Administración de Justicia. En ese sentido, se debe tener en cuenta el espectacular avance producido en el campo de las tecnologías de la información y comunicación, así como en las infraestructuras de transporte, que permiten una mayor movilidad y la concentración de población y servicios en torno a núcleos urbanos, por lo que el modelo tradicional de juzgado unipersonal ha ido quedándose obsoleto.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera necesario adaptar las estructuras de la Justicia para poder hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados y tribunales, y para poder superar el enorme reto de ofrecer un servicio público eficiente y justo a la ciudadanía.
Dichas medidas de agilización procesal se introducen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882; en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social; y en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
Novedades
Medidas organizativas
Se crean los tribunales de instancia como órganos colegiados integrados por los jueces de primera instancia de la demarcación territorial, uno por cada partido judicial. Cada tribunal estará conformado, como mínimo, por una sección única de civil e instrucción, o por una sección civil y otra de instrucción. Además, podrán complementarse con secciones especializadas de familia, de mercantil, de violencia sobre la mujer, de enjuiciamiento penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso-administrativo y de lo social. Estos tribunales estarán asistidos por la oficina judicial, cuya actividad se desarrollará a través de unidades de tramitación y servicios comunes procesales.
En los municipios, como complemento a los juzgados de paz, se crean las oficinas de justicia, conformadas por funcionarios que, además de mantener los servicios que prestaban los juzgados de paz, ampliarán los servicios que hasta ahora se ofrecían mediante la utilización de los medios tecnológicos necesarios para la práctica de actos procesales y la intervención en los mismos de forma telemática, evitando desplazamientos a los tribunales.
Medios adecuados de solución de controversias (MASC)
Con carácter general, especialmente en el ámbito civil y como requisito de procedibilidad acudir a algún medio adecuado de solución de controversias (MASC) -entendiéndose por tal cualquier actividad negociadora, prevista en la ley y llevada a cabo por las mismas partes o con la intervención de un tercero neutral (mediación, conciliación o a la opinión neutral de un experto independiente, si se formula una oferta vinculante confidencial o si se emplea cualquier otro tipo de actividad negociadora tipificada en una norma)-. Asimismo, se considerará cumplido el requisito cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes, asistidas por sus abogados cuando su intervención sea preceptiva.
Quedan excluidas de esta obligación ciertas materias, como los conflictos sobre derechos no disponibles por las partes, los procesos de tutela civil de derechos fundamentales, los procedimientos sumarios relacionados con demoliciones o construcciones en ruina, las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil, y los casos de internamiento forzoso por trastorno psíquico conforme al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otros.
Se incorpora la noción del abuso del servicio público de justicia, como excepción al principio general del vencimiento objetivo en costas, a modo de sanción a aquellas partes que rehúsen injustificadamente acudir a un medio adecuado de solución de controversias, cuando éste fuera preceptivo, complementando así elementos ya existentes como la temeridad.
Agilización procesal
En el juicio verbal se establece la posibilidad de que el juez, a la vista de las peticiones en materia de prueba de las partes, pueda decidir que no haya lugar a la celebración del acto de la vista aun cuando las partes la hubieran solicitado.
Asimismo, los jueces podrán dictar sentencias orales, las cuales quedarán grabadas en el soporte audiovisual del acto y serán documentadas posteriormente.
Las sentencias dictadas en procedimientos en los que se hayan acumulado a las acciones de desahucio acciones de reclamación de rentas, los pronunciamientos relativos a las acciones de reclamación de rentas no tendrán efecto de cosa juzgada.
Se suprime la condena en costas en el incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas, salvo casos de abuso del servicio público de justicia y se introduce una nueva regulación de las costas en el incidente de acumulación de procesos, eliminando el criterio de vencimiento objetivo para su imposición.
Se introduce la posibilidad de suspensión de la ejecución para acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, promoviendo el cumplimiento voluntario de lo acordado fruto del acuerdo.
Hay modificaciones de importancia en los procedimientos de subasta judicial electrónica a fin de agilizar su tramitación.
Además de normas estrictamente procesales o de organización judicial, destacamos otras novedades referentes a materias no tan directamente relacionadas con el proceso jurisdiccional.
Otras medidas
Medidas tributarias en el IRPF
La norma recoge novedades de trascendencia tributaria en el IRPF, algunas de ellas confirmando lo que venía siendo un criterio judicialmente asentado. Por ejemplo, supuestos de exención fiscal:
Exención de indemnizaciones percibidas por responsabilidad civil
Se extiende la exención del IRPF, prevista en la letra d) del artículo 7 de la Ley del IRPF, a las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos percibidas como consecuencia de responsabilidad civil, incluso cuando su cuantía no haya sido fijada legal o judicialmente. Esta exención se aplicará siempre que el pago derive de un acuerdo alcanzado mediante mediación u otro medio adecuado de solución de controversias (MASC) reconocido legalmente.
Para ellos exige los siguientes requisitos:
- Que la indemnización haya sido satisfecha por la entidad aseguradora del causante del daño.
- Que para la obtención del acuerdo debe haber intervenido un tercero neutral.
- Que el acuerdo figure en escritura pública.
Como cuantía máxima exenta se tomará de referencia la que se fijaría con arreglo al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, de uso habitual en estos temas. (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre).
Exención de indemnizaciones laborales
Esto no es novedad, sino mas bien una mera precisión en la regulación de la exención por despido, prevista en la letra d) del artículo 7 de la Ley del IRPF, al objeto de precisar que la indemnización acordada en el acto de conciliación ante el servicio administrativo no deriva de un pacto, convenio o contrato y, por ende, resulta exenta, siempre que se cumpla con el resto de los requisitos legales.
Exención de anualidades por alimentos satisfechas por los padres
La letra k) del artículo 7 de la Iey del impuesto tiene una nueva redacción al objeto de precisar la exención a las cantidades percibidas por los hijos en concepto de anualidades por alimentos fijadas en los convenios reguladores formalizados ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública ante notario, o ante un MASC, adaptándose la Ley del IRPF en lo referente el cálculo de la cuota íntegra aplicables en supuestos de pago de anualidades por alimentos a favor de los hijos.
Medidas en materia de extranjería
Derogación del visado de residencia para inversores, la llamada “golden visa” de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Medidas mercantiles
Se amplía el plazo para convocar la junta general cuando la compañía se encuentre en causa de disolución y haya comunicado al juzgado el inicio de negociaciones con los acreedores. En este supuesto, la convocatoria de la junta deberá realizarse en el plazo de dos meses desde que dejen de estar vigentes los efectos de esa comunicación. Con anterioridad la convocatoria de la junta debería realizarse de forma inmediata una vez cesaran los efectos de la comunicación.
Asimismo, se modifica el artículo 18 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, permitiendo que los estatutos sociales incluyan, además del arbitraje, otros medios adecuados de solución de controversias —como la mediación— para resolver los conflictos que puedan surgir entre socios, entre socios y administradores, o entre cualquiera de ellos y la sociedad.
Medidas laborales
Además de modificaciones procesales en los pleitos ante la jurisdicción social, se destacan igualmente:
Extinción del contrato por impago de salarios
Se modifica el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, aclarando las circunstancias que deben concurrir para que el trabajador pueda solicitar la extinción de su contrato por falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado teniendo derecho a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente.
Concurrirá causa justa para solicitar la resolución del contrato de trabajo en los siguientes supuestos:
- Cuando se produzcan retrasos en el abono del salario durante seis meses, aunque no sean consecutivos, entendiéndose que existe retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario.
- Cuando se adeuden al trabajador tres mensualidades completas en un periodo de un año, aunque no sean consecutivas.
(Todo ello, sin perjuicio de otros supuestos que puedan considerarse causa justa a estos efectos por parte de los jueces o tribunales)
Nuevos supuestos de despido nulo
Se modifican los artículos 53.4 b) y 55.5 b) del Estatuto de los Trabajadores sobre despido nulo, añadiendo a los existentes los siguientes supuestos:
- Cuando el trabajador haya solicitado a la empresa o esté disfrutando un permiso por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar con sanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de los anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.
- Cuando el trabajador haya solicitado o esté disfrutando de una adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.
