Categoría: INFORMACIÓN DE INTERÉS

El periodo excepcional de cese de toda la actividad no esencial que se reguló en el RD Ley 10/2020, en el que se fijaba un permiso retribuible recuperable para los trabajadores de las empresas afectadas por la suspensión de la actividad, finalizó con el día 9 del mes en curso.

Es decir – y sin perjuicio de la normativa que pudiera publicarse estos días y a la que se deberá prestar especial atención –  la industria, la construcción y otras empresas que no tuvieran suspendida su actividad de acuerdo con el artículo 10 del RD 463/2020, de declaración del estado de alarma pueden volver a desarrollar su actividad desde el día 10 del mes en curso.

La recuperación de esa situación previa (la del estado de alarma regulada en dicho RD 463/2020) y el desarrollo de las actividades estaría permitida, adoptando las medidas exigidas en transporte, EPIs, número máximo de ocupantes en vehículos, medidas de seguridad y prevención en los centros de trabajo, etc. que siguen en vigor (sin perjuicio, insistimos, de las novedades legales que puedan producirse estos días).

Se recuerda, en cualquier caso, que los trabajadores deberán llevar en sus desplazamientos la documental que justifique la actividad que desarrollan y que se encuentran amparados en lo previsto en el artículo 7 del antedicho RD  463/2020. En especial, deberán disponer de la certificación de la empresa que permita el desplazamiento cuyo modelo descargable figura en nuestras páginas web.

Descargar modelo

En el anexo I de la Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a dicho método.

En el artículo único esta Orden se aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2019 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas.

La norma recoge un ANEXO (véase), en el cual se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.

Orden completa

Por esta Resolución, y ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 y su incidencia en la liquidez de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que puede determinar un incremento en el número de solicitudes de dichos aplazamientos, se ha elevado el umbral de las cuantías de las deudas aplazables fijadas en los párrafos A) y B) de la instrucción primera de la Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social mediante la modificación de esta.

 

Cuantías aplazables (competencia)

 

Serán competentes para la concesión de aplazamientos en el pago de las deudas con la Seguridad Social los órganos y unidades que a continuación se relacionan, en función de la cuantía de la deuda aplazable:

• Hasta 150.000 €: Los Jefes de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social y los Directores de las Administraciones de la Seguridad Social, con independencia del periodo de recaudación en que se encuentre la deuda.
• De 150.001 a 300.000 €: Los Subdirectores Provinciales de Procedimientos Especiales o, en otro caso, los Subdirectores Provinciales de Recaudación Ejecutiva o de Gestión Recaudatoria, según determine el respectivo Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
• De 300.001 a 1.000.000 €: Los Directores Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
• De 1.000.001 a 2.500.000 €: El Subdirector General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social.
• Más de 2.500.000 €: El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

 

Cantidades y garantías

 

Dichas circunstancias sirven igualmente de motivo para elevar, asimismo, las cuantías de las deudas aplazables por debajo de las cuales no será exigible la constitución de garantías para asegurar los aplazamientos, con el fin de facilitar la concesión de estos.

Así, NO SERÁ NECESARIA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS para asegurar el cumplimiento del aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social cuando el total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 150.000 € o cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 250.000 €, se acuerde que se ingrese al menos un tercio de esta última antes de que hayan transcurrido diez días desde la notificación de la concesión y el resto en los dos años siguientes. (Antes, 30.000 € y 90.000 €, respectivamente)

Resolución completa

En el RDL 13/2020 publicado en el BOE de hoy (08/04/2020) y referido al empleo agrario, se recogen otras modificaciones legislativas, entre la que destacamos la recogida en su Disposición final segunda, de Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El artículo 17 del citado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, recogía la llamada Prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos.

La modificación publicada el 7 de abril y que da una nueva redacción a la totalidad de dicho artículo 17, establece – entre otras – dos modificaciones que resuelven unas dudas muy reiteradas desde su entrada en vigor:

• Para causar derecho a esta prestación no será necesario tramitar la baja en el régimen de Seguridad Social correspondiente.

• El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar (esta es la novedad / aclaración) y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

• Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

 

Recordamos nuevamente (además de recomendar la lectura del artículo 17 en su totalidad y en su nueva redacción), que el reconocimiento de la prestación debe solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma (tras la prórroga de este, hasta el 30 de abril) y que – en otro de los temas que más dudas plantea en la práctica – la acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75 % exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

Real Decreto completo

Las medidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para paliar los efectos económicos por la declaración del estado de alarma se prolongarán varios meses más.

Estas medidas afectan a las cotizaciones sociales de trabajadores, empresas y autónomos desde el pasado mes de marzo, pero varían según casos y según su evolución durante los próximos meses.

 

Autónomos con derecho a la prestación extraordinaria

 

Los trabajadores por cuenta propia afectados por el cierre obligado o por la pérdida de ingresos de un 75% o más tienen derecho a solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Esta prestación implica que no abonarán las cotizaciones sociales mientras cobren dicha prestación y que se contabilizará como periodo cotizado.

• Cuota de marzo

En el caso de haber abonado las cuotas con anterioridad a la concesión de la prestación, la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá la parte proporcional correspondiente (desde la declaración del estado de alarma, del 14 a 31 de marzo). Además, para quienes no han podido afrontar esa cuota a día 31, no tendrán recargos por el retraso en el pago de los días 1-13 de marzo.

• Cuota de abril

La TGSS no cobrará la cuota correspondiente mientras se prolongue el estado de alarma. La prestación cubrirá hasta el último día del mes en el que finalice esta declaración (de momento, el 12 de abril, por lo tanto, hasta el 30 de abril)

• Cuotas de mayo y junio

Durante estos meses, se podrá aplazar las cotizaciones sociales a un interés reducido del 0,5%. Para acceder a estos aplazamientos, debe tratarse de autónomos afectados desde y por la situación provocada por el COVID-19, por lo que no pueden tener otro aplazamiento en vigor anterior.

 

Autónomos que mantengan su actividad

 

Los autónomos que hayan mantenido su actividad y no hayan accedido a la prestación extraordinaria podrán acceder a medidas de flexibilización para mejorar su situación durante estos meses.

• Cuota de abril

Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas a un interés reducido del 0,5%. Para poder tramitar este aplazamiento, deberán solicitarlo antes del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de abril, para evitar la facturación de la cuota.

• Cuotas de mayo, junio y julio

El Ministerio ha aprobado una moratoria (sin intereses) de 6 meses para estas cuotas (hasta noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021). Sus requisitos se establecerán por orden ministerial. Para quienes no cumplan los requisitos para el acceso a esta moratoria, podrán solicitar el aplazamiento al 0,5% de interés de las cuotas de mayo y junio.

 

Empresas que han presentado ERTEs por fuerza mayor

 

Estas cuotas, al contrario que en el caso de autónomos, se abonan un mes después de la fecha de devengo.

• Cuotas de marzo

Las empresas que hayan visto aprobado el ERTE por fuerza mayor están exoneradas de pagar la parte proporcional de las cotizaciones del mes de marzo de los trabajadores afectados por este ERTE (entre el 14 y el 31).

• Cuotas de abril

La exoneración de cuotas se mantendrá mientras dure el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado. A partir de ese momento podrán solicitar el aplazamiento al 0,5% de interés.

• Cuotas de mayo

Se podrá solicitar el aplazamiento de estas cuotas con un interés del 0,5%.

 

Empresas que han mantenido su actividad

 

Medidas de flexibilización a las que poder acogerse:

• Cuotas de abril

Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas (correspondientes al mes de marzo) a un interés reducido del 0,5%. Para poder tramitarlo, deberán solicitarlo antes de los diez primeros días naturales del mes de abril.

• Cuotas de mayo, junio y julio

Se podrá acogerse a la moratoria de 6 meses para las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio (cuyo periodo de abono es un mes posterior) si cumplen los requisitos. En caso contrario podrán solicitar el aplazamiento al 0,5% de interés para las cuotas a pagar en mayo y junio.

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, FEMZ, ha realizado una encuesta entre las empresas del sector para recoger las incidencias, dificultades y reivindicaciones de los empresarios durante estos días tan complicados y, especialmente, estas dos semanas en las que muchos han tenido que cerrar por completo su actividad.

Analizando la situación en la que se encuentra el sector, el 26% de las empresas encuestadas han tenido que cerrar sus negocios, el 46% se han mantenido abiertas solo con servicios de urgencia, un 22% están abiertos con restricciones y tan solo el 6% se mantienen abierto sin restricciones.

Respecto al desplome de la actividad, las empresas han visto caer su negocio en un 80% de media. Entre las causas destaca la falta de trabajo en casi un 80% de los casos, además, un 41% alega falta de medios para proteger la salud de su personal y un 36% cita falta de suministros.

En cuanto a las medidas laborales adoptadas, un 43% de las empresas encuestadas ha solicitado un ERTE o tiene pensado solicitarlo. De éstas, más del 95% lo ha presentado por causa de fuerza mayor.

Entre los comentarios más repetidos destaca la desprotección y abandono por parte de la Adminstración a las empresas y, especialmente, a pymes y autónomos. Denuncian la escasez de previsión por parte del Gobierno y la falta de ayudas para los pequeños empresarios que son los grandes perjudicados de esta crisis. Asimismo, los considerados como servicios esenciales aseguran haber perdido esa “esencia” pues están viéndose obligados a dar un servicio manteniendo una estructura de personal que son incapaces de sostener.

Por otro lado, entre las reivindicaciones más demandadas se encuentra la falta de EPIs, especialmente entre las empresas esenciales que denuncian que están obligados a dar servicios de urgencia sin poder asegurar la salud de sus trabajadores; y el retraso en la concesión de los ERTEs, la mayoría de las empresas asevera no contar, ni siquiera, con número de expediente.

El enfado es patente en un sector que emplea a más de 50.000 trabajadores en nuestra provincia y cuyas empresas aseguran no saber cómo saldrán de esta situación, e incluso si conseguirán salir teniendo en cuenta que tienen que seguir pagando sus obligaciones trimestrales. Califican esta situación de “sálvese quien pueda”.

Los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto el grave y complicado escenario en el que están viéndose envueltas las empresas del sector. El sector del metal es uno de los principales motores de nuestro tejido empresarial del que dependen miles de puestos de trabajo y al que debemos proteger y apoyar. Es muy importante que las administraciones, de una vez, tomen medidas de apoyo económico real para las empresas.

FEMZ insiste, un colapso sanitario no puede evitarse con un colapso económico. Todas las decisiones del calado que se han tomado deben ir acompañada de medidas de apoyo.

Junto con la reducción de la actividad derivada del estado de alarma –y la consiguiente disminución de la renta disponible de muchas familias–, se está produciendo una disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, bien por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen, bien por las precauciones que muchos de esos trabajadores están adoptando a la vista de la evolución de la pandemia, lo que puede acabar por afectar severamente a la capacidad y condiciones de producción de una parte importante de las explotaciones agrarias españolas.

Esta situación, agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa, a su vez, podría poner en peligro el actual abastecimiento alimentario a los ciudadanos, que hasta la fecha se ha desarrollado en condiciones de extraordinaria variedad, cantidad y calidad. De agravarse las perturbaciones que ya se empiezan a sentir en la fase de producción agraria, se podría poner en peligro el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria al completo, con la consiguiente repercusión negativa sobre los consumidores finales.

Ante esta situación, se adoptan ahora determinadas medidas urgentes de carácter temporal,  de entre las que se destaca la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral (con excepción de las derivadas de la propia normativa de alarma – Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población cercana a los lugares de cultivo que pueda atender las necesidades laborales sin generar desplazamientos excesivos y en plena conformidad con las normas de salud pública acordadas por la autoridad

Es más, se asegura por medio de esta norma que cualquier trabajador que acepte tal contrato temporal no se vea perjudicado, con independencia de que perciba o no algún tipo de subsidio, ayuda o prestación de carácter social o laboral, contributiva o no contributiva.

Podrán asimismo beneficiarse de la compatibilidad con la prestación por desempleo aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, cabe destacar que se permite asimismo que se acojan a este sistema los trabajadores migrantes cuyos permisos de trabajo concluyan en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020,

Para poder acceder a este tipo de contratos el empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

Asimismo, los trabajadores contratados deberán tener su domicilio (o el lugar de residencia temporal) en alguna localidad próxima al lugar en el que se oferte el contrato de trabajo.

Se establece, asimismo, como medida de refuerzo de la salud pública y la transparencia la necesidad de que el salario se abone por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el trabajador en el contrato. Recordando que, en todo caso, la remuneración mínima que se debe aplicar, con independencia del sector donde proceda el trabajador, debe ser la que corresponda según Convenio Colectivo vigente

Por lo demás, se incorporan determinadas modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública; del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-1), recogiendo modificaciones en el sentido indicado en el presente RDLey. (Prestación extraordinaria para autónomos, exención de tasas, modificaciones procedimentales en trámites ante la Administración, etc)

Real Decreto completo

Se informa de que en Aragón se está detectando el envío de correos fraudulentos/ maliciosos a empresas suplantando a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que probablemente puedan causar problemas en el ordenador, robo de identidad o cualquier tipo de estafa si se pincha el enlace o se llama al teléfono que se menciona.

En caso de duda pueden ponerse en contacto con la ITSS en los teléfonos habituales.

Se adjunta imágenes y copias de las modalidades que se han detectado

Ejemplo de correo fraudulento

Ministerio de Industria 

La Dirección General de Industria de la PYME mantiene  un sitio web recopilando información actualizada de interés para pymes y autónomos en relación con el COVID-19.  

 Incluye los siguientes apartados:

• Información actualizada de los diferentes sitios web oficiales.
• Normativa más relevante, por orden cronológico, adoptada por el Gobierno.
• Financiación ofrecida a través de entidades públicas (ENISA, CERSA, ICO, CDTI,..)
• Capacidades, sobre formación online gratuita.

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Gobierno de Aragón

Desde la Dirección General de industria y PYMES del Gobierno de Aragón y por indicación del Vicepresidente del Gobierno y Consjero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, llevan, desde el principio de la crisis, atendiendo muy diversas consultas, tanto de empresarios como de asociaciones empresariales. Para ello, incluyen la información que consideran más relevante y útil en la página Web, dentro de la parte correspondiente al Departamento.

A lo largo de los últimos días el Gobierno de Aragón está priorizando la información que tiene que ver con el coronavirus COVID_19 y una parte muy importante de la que estaba incluida dentro del Departamento ha pasado a formar parte de la información general del Gobierno. 

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