Categoría: MEDIOAMBIENTE

La Comunidad #PorElClima ha puesto en marcha, por cuarto año consecutivo, los 101 Ejemplos Empresariales de Acciones #PorElClima. Se trata de una iniciativa con la que se busca reconocer el esfuerzo llevado a cabo por el sector privado para acelerar la ambición climática, y este año con especial atención a las acciones realizadas por PYMES. Una propuesta que este año adquiere incluso mayor relevancia ante la próxima Cumbre del Clima de Glasgow (COP 26).

Como novedad, la edición de este año presenta cinco categorías:

• Mitigación del cambio climático
• Adaptación al cambio climático
• Innovación de productos y/o servicios de la economía baja en carbono
• La movilización social
• Reporte público

Aquellas empresas interesadas en enviar su candidatura pueden hacerlo hasta el 17 de septiembre a través de este formulario web. Sólo es posible presentar una propuesta por compañía, bien sea una acción que ya esté en marcha y pueda reportar resultados medibles o una iniciativa de nueva creación. Todas ellas deben cumplir con los criterios de replicabilidad, innovación y originalidad y deben incluir información sobre los beneficios e impacto económico, ambiental y social, así como el tipo de público al que está dirigida la propuesta.

Además, se valorarán los compromisos de reducción de emisiones, así como la información sobre el cálculo y registro de la huella de carbono o el hecho de contar con objetivos basados en ciencia (SBT). Puedes conocer todos los criterios de selección aquí.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente convoca el Premio Aragón Medio Ambiente 2021, destinado a reconocer públicamente las acciones en favor del medio ambiente en Aragón y a impulsar la conciencia ambiental de los aragoneses.

 

Modalidades

 

Premio Aragón Medio Ambiente 2021

Se otorgará a aquellas personas físicas o jurídicas de reconocido prestigio, cuya trayectoria se distingue por su labor en favor de la conservación y la mejora del medio ambiente aragonés.

 

Premio Aragón Medio Ambiente por la contribución al medio ambiente rural

Destinado a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado una labor de mejora ambiental del medio rural en Aragón.

 

Premio Aragón Medio Ambiente por la contribución al medio ambiente urbano

Destinado a reconocer las iniciativas en favor del medio ambiente urbano aragonés, cuando éstas han sido llevadas a cabo por personas físicas o jurídicas.

 

Premio Aragón Medio Ambiente por la contribución al conocimiento y difusión del medio ambiente

Destinado a todas las personas físicas o jurídicas que hayan realizado una labor que contribuya al mejor conocimiento y a la difusión de la problemática ambiental o de los valores naturales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 

Pueden optar al Premio Aragón Medio Ambiente, en sus distintas modalidades, todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuya actividad en favor del medio ambiente se desarrolle en la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que no hayan incurrido en sanción por infracción administrativa o delito medioambiental, o en sanción administrativa o sentencia firme condenatoria por acciones u omisiones consideradas discriminatorias por la legislación vigente por razón de género.

Las candidaturas pueden ser presentadas por personas físicas o jurídicas, grupos de personas, entidades o instituciones, cuando hayan destacado por su trayectoria o por la realización de un trabajo, estudio, proyecto o actividad concreta en defensa de los valores ambientales en Aragón.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 27 de abril de 2021. Asimismo, es posible tramitar de forma online la candidatura en la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

Bases

La etiqueta energética de la UE, junto con los criterios de ecodiseño, ha sido clave para la mejora de la eficiencia energética de electrodomésticos, sistemas de climatización, iluminación, e incluso neumáticos, además de muchos aparatos eléctricos y electrónicos.

Creadas en 1994, estas etiquetas han puesto al alcance del consumidor la capacidad de conocer el consumo energético de los distintos productos, siendo de ayuda en la decisión de compra y sirviendo de modelo para el diseño de etiquetas similares para edificios, automóviles o para la legislación en países fuera de la UE.

Según los datos del Eurobarómetro, el 93% de los consumidores reconoce la etiqueta energética y el 79% la tienen en cuenta al adquirir aparatos eléctricos.

 

Simplificación y retorno a las clases “A” a “G”

 

La innovación y la mejora de la eficiencia energética de los productos durante estos años ha propiciado la aparición de nuevas clases que reflejasen estas mejoras, como son las A+, A++, e incluso la A+++, desapareciendo al mismo tiempo las clases inferiores (E,F,G) al quedarse obsoletas debido al desarrollo de nuevos criterios de diseño ecológico..

Para ayudar a los consumidores en su elección a la hora de comprar productos nuevos eficientes desde el punto de vista energético y, al mismo tiempo, seguir alentando a la industria para que desarrollase productos con un menor consumo de energía, quedó claro que debía implantarse un sistema más sencillo para las etiquetas energéticas de la UE.

El Reglamento marco de la UE sobre etiquetado energético (Reglamento (UE) 2017/1369) se actualizó y adoptó hace tres años para volver a introducir una clasificación simplificada y retomar la escala con las letras A a G. Este reajuste también permitirá diferenciar mejor entre productos que, de acuerdo con la clasificación actual de etiquetado, se encuentran todos en las categorías superiores. Así, ahora desaparecen el A+++, A++ y A+ y,  partir de este 2021, electrodomésticos como las neveras o las lavadoras utilizarán un nuevo etiquetado para mostrar su eficiencia energética. Esto significa, por ejemplo, que un frigorífico que actualmente tiene la etiqueta A+++ podría pasar a la categoría C, aunque sea tan eficiente desde el punto de vista energético como antes, o que un lavavajillas A++ se encuentre en la categoría E. El objetivo es que, al principio, la categoría A esté vacía y que apenas haya productos en las categorías B y C, para que puedan aparecer y desarrollarse nuevos productos más eficientes.

La Comisión Europea anunció la primera serie de nuevas etiquetas en lavavajillas, lavadoras, frigoríficos y dispositivos con pantalla electrónica para marzo de 2021, y algo más tarde, en septiembre de 2021, para los sistemas de iluminación.

El reajuste de las etiquetas debería suponer un ahorro de energía significativo para los consumidores de la UE. Por su parte, los profesionales de la industria, como por ejemplo los diseñadores o instaladores, dispondrán de orientaciones más claras.

 

• Las nuevas etiquetas contendrán una escala más simple (A a G)y será más fácil comparar la eficiencia energética entre diferentes productos.
• La etiqueta energética de la UE es neutra desde el punto de vista lingüístico,
• Escaneando un código QRen la esquina superior derecha, los consumidores tendrán acceso a información más detallada sobre los productos en la base de datos europea de productos para el etiquetado energético (EPREL). Esta base de datos, accesible al público a finales de 2020, ayudará a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado a comprobar que los productos cumplen los requisitos de eficiencia energética y que la información que figura en la etiqueta es correcta.
• Las nuevas etiquetas pueden también presentar iconos que muestren, con solo echar un vistazo, información útil para los consumidores, como la capacidad o las dimensiones del producto, el nivel de ruido o el consumo de agua.

No es descartable, dada la evolución técnica constante en tales materias u productos, un nuevo reajuste en las categorías A y B.

Información sobre etiqueta energética de la UE (Inglés)

 

Reparabilidad

 

No se incluyen en estas etiquetas de eficiencia energética los factores de reparabilidad, que tendrán su propio sistema, recordándose que el Parlamento Europeo, en una decisión reciente y de especial importancia (PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO sobre el tema «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores»(2020/2021 (INI)) ha aprobado el ‘derecho a reparar’, para limitar los productos electrónicos de un solo uso y obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.

La propuesta apremia a que “se desarrolle e introduzca un etiquetado obligatorio para proporcionar información clara, inmediatamente visible y fácil de entender a los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto en el momento de la compra“.

Se  fomenta el derecho a reparar, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento, así como  mediante la eliminación de obstáculos legales que impidan la reparación, reventa y reutilización.

Entre las distintas medidas que recoge la iniciativa se encuentra el apoyo a los mercados de segunda mano y respaldar la producción sostenible. Entre otros acuerdos y a título de ejemplo, se demanda un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos (con especial referencia a los fabricantes de telefonía móvil).

De forma similar al etiquetado de eficiencia energética antes expuesto, el Parlamento Europeo obligará a establecer un etiquetado que determine la durabilidad de los productos y su reparabilidad, de forma “clara y precisa”, que deberá ser ofrecida al usuario antes de realizar la compra.

Francia ha optado claramente por esta línea, siendo el primer país en el que, a partir de enero de 2021, los fabricantes deberán informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar un producto.

Se plasma tal información con una etiqueta con una puntuación del 1 al 10 que por el momento se aplicará a lavadoras, portátiles, smartphones, televisores y cortadoras de césped.

El sector transporte se encuentra ante una etapa de profundos cambios, que se acentuarán en las próximas décadas. Las nuevas tecnologías, los retos medioambientales, y la concentración cada vez mayor de la población en grandes núcleos urbanos, están produciendo una transformación disruptiva en las políticas de movilidad.

Estamos ante un momento crucial para que el MITMA lidere el debate necesario para alcanzar esa movilidad del futuro de forma segura, sostenible y conectada. Por ello, el MITMA ha desarrollado es.movilidad, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, con un horizonte 2030. La Estrategia de Movilidad se basa en compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, así como en los principios del Pacto Verde Europeo. 

Se sustenta, como su nombre indica, en tres pilares o principios básicos:

• La Seguridad: en los desplazamientos, garantizando una mayor protección de personas y bienes, mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad. Engloba la seguridad de las infraestructuras, seguridad operacional, seguridad en casos de emergencia y crisis, seguridad contra actos ilícitos y ciberseguridad. (MOVILIDAD SEGURA).
• La Sostenibilidad: priorizando la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia energética, y la lucha contra el cambio climático; minimizando la contribución del transporte a las emisiones contaminantes, tanto de viajeros como de mercancías; fomentando los modos limpios, la “economía circular”, la “resiliencia climática” y la movilidad universal. (MOVILIDAD SOSTENIBLE).
• La Conectividad: desde tres vertientes: 1) la digitalización y el avance tecnológico, gran oportunidad para la trasformación del sector transporte, 2) la conectividad con Europa y el mundo, y 3) la conectividad multimodal. (MOVILIDAD CONECTADA).

La Estrategia se desarrolla a través de 9 ejes estratégicos, que se componen de más de 40 líneas de actuación con más de 150 medidas concretas:

• Movilidad para todos
• Nuevas políticas inversora
• Movilidad segura
• Movilidad de bajas emisiones
• Movilidad inteligente
• Cadenas logísticas intermodales
• Conectando Europa y conectados al mundo
• Aspectos sociales y laborales
• Evolución y transformación del MITMA

Se presenta con el formato de un “Documento para Debate”, como base para entablar un verdadero debate con toda la sociedad. Sólo desde la participación y colaboración de todos los agentes implicados en el ecosistema de la movilidad, empezando por los ciudadanos que deben ser el centro de nuestras actuaciones, podremos encontrar soluciones a los retos de la movilidad del futuro.

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Participación pública

Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
(BOE 07/08/2020)

De acuerdo con la propia nota de presentación del RD en el pasado Consejo de Ministros del día 4, es un real decreto para dirigir la gestión de neumáticos fuera de uso hacia un modelo de economía circular.

Así, entre otras medidas

• Prohíbe el depósito en vertederos de los neumáticos de gran tamaño, cuestión hasta el momento permitida. Con ello, todos los neumáticos fuera de uso, a excepción de las ruedas de bicicleta, deberán ser gestionados para su reutilización o valorización
• La norma fija como prioridad la reutilización de los neumáticos, concretando las condiciones que deben reunir los neumáticos de segundo uso y los recauchutados para su comercialización

La norma aprobada modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso, para lograr una gestión más eficaz de este residuo y consolidar los progresos implementados en su gestión a lo largo de los quince años de vigencia de la normativa.

Se trata de un paso previo a la adaptación a los nuevos requisitos de la responsabilidad ampliada del productor que se introducirán a través de la trasposición de la nueva Directiva (UE) 2018/851 sobre la materia, para la que el Gobierno está tramitando el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

El nuevo Real Decreto contiene varias medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y los resultados del sistema de gestión de los neumáticos fuera de uso. Entre ellas, destacan:

• Además de las ya indicadas, la norma detalla la información que debe suministrarse sobre ellos al consumidor, preferiblemente de forma electrónica.
• Determinación de la definición, para cada año y en cada Comunidad Autónoma, de las responsabilidades de recogida y gestión que corresponden a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, lo que evitará problemas de acumulación y retrasos en la recogida de los residuos en los puntos de generación. Esta información resultará de especial utilidad a las autoridades competentes en sus tareas de supervisión y control de las operaciones que integran el flujo de gestión de este residuo.

Estas mejoras introducidas redundarán en un mayor control y trazabilidad de la gestión, lo que ayudará a evitar la acumulación de los neumáticos fuera de uso y, en definitiva, a mejorar la protección del medio ambiente.

RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR

Con el objeto de incluir en los sistemas de gestión al mayor número de neumáticos usados posible, el Real Decreto amplía las actuales obligaciones de gestión que corresponden a los productores de los neumáticos.

De un lado, la norma establece que los productores quedan obligados a gestionarlos cuantas veces sea necesario hasta su completa valorización, incluyendo la gestión del neumático si vuelve a ser comercializado como producto de segunda mano o recauchutado. Y, de otro, amplía la definición de productor de neumático a aquellos fabricantes de neumáticos recauchutados en España sobre carcasas importadas y a los importadores de neumáticos de segunda mano o recauchutados, lo que les convierte en sujetos de la responsabilidad ampliada de la gestión de los neumáticos fuera de uso. También tendrán que cumplir con dichas obligaciones los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) para los neumáticos procedentes de los vehículos para los que no dispongan de justificación de su gestión. Hasta el momento, no estaban sujetos a ella.

Los productores canalizan esta obligación de gestión a través de sistemas colectivos de responsabilidad, que gestionan la recogida y valorización de los neumáticos usados en instalaciones autorizadas. Con el objeto de que el conjunto de los neumáticos fuera de uso sean gestionados, el Real Decreto habilita al MITECO para definir los criterios que permitan la asignación de la responsabilidad que corresponde a cada sistema colectivo de responsabilidad, y a su publicación en la web de los valores correspondientes antes del 15 de marzo de cada año.

En ese sentido, el Ministerio ha trabajado ya con las autoridades competentes y entidades locales permita la propuesta de asignación, en cada comunidad autónoma, de la responsabilidad de recogida y gestión que corresponde anualmente a los sistemas colectivos, de forma que se garantice la recogida de todos los neumáticos generados en España.

Con este segundo conjunto medidas, el Real Decreto busca resolver los problemas de gestión que surgen cuando se sobrepasan las cuotas asignadas a cada sistema colectivo de responsabilidad, debido a la existencia de neumáticos -por ejemplo, los neumáticos preparados para su reutilización-, que hasta ahora no computaban en la responsabilidad de los productores.

PUNTOS LIMPIOS Y TRANSPARENCIA

El texto también regula el procedimiento excepcional de recogida en los puntos limpios de los neumáticos fuera de uso, así como la relación entre los puntos limpios y productores para costear la recogida y tratamiento de dichos neumáticos, con el fin de resolver problemas operativos que se han registrado en el pasado.

Asimismo, y para mejorar la calidad de la información y la transparencia sobre el mercado de neumáticos de reposición, se crea la sección de productores de neumáticos en el Registro de Productores de Productos, donde deberán estar inscritos todos los productores que introducen neumáticos de reposición en el mercado nacional, estableciéndose la información que deben suministrar los productores en el momento de su inscripción y la información que deben comunicar anualmente sobre las cantidades y tipos de neumáticos que introducen en el mercado nacional de reposición.

Por último, el Real Decreto mejorará la información de la que se dispone sobre los resultados obtenidos en el tratamiento del residuo a través de un sistema de información sectorial, destinado a dotar de la mayor transparencia al sistema de gestión de los neumáticos fuera de uso.

Esta es la tercera norma que el Gobierno aprueba en cumplimiento de la Estrategia Española de Economía Circular, tras la aprobación del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Asimismo, el Gobierno continúa con la tramitación del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuyo periodo de información pública concluyó el pasado 3 de julio.

Este real decreto tiene el carácter de legislación básica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

El presente real decreto desarrolla lo previsto en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, sobre los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado, respetando la estructura y líneas generales del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, pero mejorando el procedimiento para que sea más fiel al reglamento comunitario y para clarificar la tramitación electrónica en los traslados.

En primer lugar, en coherencia con el reglamento comunitario y para asegurar la trazabilidad y la transmisión de la responsabilidad en la gestión del residuo, se ha precisado más quién y con qué requisitos puede ser el operador de traslado, se han limitado los almacenamientos sucesivos y se ha exigido al operador que indique la instalación de tratamiento subsiguiente cuando el primer traslado sea un almacén o una planta de tratamiento intermedio.

En segundo lugar, las modificaciones que se introducen pretenden, básicamente, aclarar el procedimiento electrónico en los traslados que requieren notificación previa. De este modo, se contrasta la información contenida en la notificación previa frente a la contenida en el Registro de producción y gestión de residuos creado en el artículo 39 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, para verificar que los productores destinan los residuos a las instalaciones adecuadas, con gestores autorizados y se anotan las cantidades notificadas.

Por otra parte, se obliga al operador a comunicar el documento de identificación antes de iniciar el traslado, y se le devuelve una copia autenticada para que proceda a iniciar el traslado, todo ello a través del sistema de información «eSIR».

Como novedad, se crea un repositorio donde se archivan las notificaciones previas autorizadas y los documentos de identificación asociados a dichas notificaciones previas y que van a acompañar al residuo durante su traslado. Toda esta información estará accesible para todas las autoridades competentes en materia de inspección y control. Los operadores podrán generar la documentación sobre los traslados en los sistemas de información de las comunidades autónomas, en «eSIR» o en sus propios sistemas de información.

En todos los casos, con el procedimiento regulado, queda asegurada la autenticidad de los documentos y la trazabilidad del traslado desde el origen al destino. En particular, el real decreto precisa y simplifica el régimen aplicable a los traslados de residuos de competencia municipal.

En este sentido, para los traslados de residuos de competencia municipal que requieren notificación previa, la obligación de notificar el traslado recae sobre la entidad local o la empresa gestora del servicio, si ésta cuenta con la autorización de la entidad local, y permite al operador emitir un documento de identificación para varios traslados con la cantidad que se prevé trasladar en un mes.

 En los traslados de las fracciones de residuos de competencia municipal que no requieren notificación previa, el documento de identificación podrá tener validez trimestral.

Así mismo, el real decreto exime del contrato de tratamiento a las entidades locales sólo cuando estas deciden tratar los residuos en sus propias instalaciones.

La norma se estructura en tres capítulos:

1. Disposiciones de carácter general,

2. Requisitos comunes a todos los traslados

3.  Traslados que requieren que se efectúe una notificación previa a los órganos competentes de las comunidades autónomas.

 

Ámbito

 

Resulta relevante aclarar que este real decreto resulta de aplicación en el ámbito del transporte profesional de residuos y se ha mencionado expresamente que los traslados de residuos cuyo destino sea el almacenamiento u operaciones de tratamiento intermedio están incluidos igualmente en este real decreto.

Se clarifica también qué actividades de transporte destinadas al acopio inicial de residuos, están excluidas de la consideración de traslado. Así, las empresas de instalación o mantenimiento, que deberán ser consideradas como productores de residuos, excluyéndose solo del concepto de traslado, el transporte de residuos que pudiera tener lugar entre las instalaciones donde se genera el residuo y las instalaciones de la empresa de instalación o mantenimiento (productor del residuo) y en consecuencia, el transporte de esos residuos desde la planta del productor a la planta de tratamiento sí está sujeto a este real decreto.

 

Definiciones

 

En lo que respecta a las definiciones, se han introducido las de:

• «Repositorio de traslados» (almacén virtual de notificaciones previas y documentos de identificación para el adecuado control y trazabilidad de los traslados de residuos)

 

• «eSIR» (herramienta informática que graba, valida e intercambia electrónicamente información sobre los traslados de residuos).

 

• «Operadores de traslados» (el operador será, por regla general, el productor de los residuos, pudiendo ser otra figura de las enumeradas, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en la definición, como la la figura del “recogedor”del reglamento comunitario, o el gestor de un almacén de recogida en lugar de los productores iniciales cuando agrupe pequeñas cantidades de un mismo tipo de residuos en un único vehículo, para su posterior traslado a una instalación de tratamiento desde su almacén.

(Se mantiene una cláusula de cierre en virtud la cual cuando todas las personas de la lista sean desconocidas, se considerará operador del traslado la persona física o jurídica que esté en posesión de los residuos).

 

Requisitos generales de los traslados

 

Se enumeran los requisitos generales de los traslados y la remisión al régimen de vigilancia, inspección y sanción contenido en el título VII de la Ley 22/2011, de 28 de julio:

• Contrato de tratamiento

El contrato de tratamiento es una de las piezas esenciales de este régimen jurídico. La existencia de este acuerdo, que es previo a la realización de cualquier traslado y que, por regla general, dará cobertura a todos los traslados que se prevea realizar en un determinado período de tiempo, supone una garantía para el correcto tratamiento de los residuos.

Así, en el contrato deberá estipularse la cantidad estimada de residuos que se van a trasladar, su identificación mediante codificación LER, la periodicidad estimada de los traslados, el tratamiento al que se van a someter los residuos, las condiciones de aceptación y las obligaciones de las partes en relación a la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario.

• Documento de identificación

Es igualmente relevante el  «documento de identificación», que acompaña al residuo durante su traslado y que permite conocer en todo momento el tipo de residuo, su origen y destino, el operador del traslado, los datos del transportista y cualquier otra circunstancia inherente al movimiento de los residuos.  Tiene, por ello, un papel esencial para la adecuada trazabilidad y para facilitar a las Administraciones sus funciones de control, vigilancia e inspección.

 

Rechazo de residuos

 

Se desarrollan los requisitos específicos y aclara el procedimiento electrónico en los casos de traslados que requieren «notificación previa», al objeto de verificar que los productores van a destinar los residuos a las instalaciones adecuadas, con gestores autorizados incluidos en el Registro de producción y gestión de residuos y con el fin de que puedan, si hay razones que lo justifican, oponerse a los mismos.

El procedimiento de notificación previa se ha diseñado teniendo presente la necesidad de simplificar y facilitar a los operadores los trámites administrativos, y para ello el plazo que se otorga a las Administraciones para manifestarse es de diez días de manera que si en dicho plazo no hubiese pronunciamiento, el operador podrá efectuar el traslado. Asimismo, y con el objetivo también de simplificación, se prevé que el operador pueda efectuar una notificación general con una vigencia máxima de tres años para residuos de similares características físicas y químicas que se destinen a una misma instalación.

 

Motivos de oposición a los traslados

 

Entre las causas de oposición se encuentra el supuesto de que el traslado no se ajuste al principio de autosuficiencia y proximidad, cuando el destino de los residuos sea la eliminación. A este respecto, se indica en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, que las instalaciones de tratamiento de la fracción resto constituyen la red integrada de instalaciones de eliminación y de valorización de residuos domésticos mezclados que se menciona en el artículo 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

 

Vía electrónica

 

La disposición adicional primera establece que todos los trámites previstos en este real decreto se efectuarán por vía electrónica. A estos efectos, todos los documentos de traslados estarán disponibles en formato electrónico y único para todo el territorio del Estado.

 

Otras materias tratadas

 

• Traslados de residuos entre comunidades autónomas

 

• Determinación de las competencias relativas a las autorizaciones y tramitaciones de acuerdo con el reglamento comunitario cuando existe un país de tránsito perteneciente a la Unión Europea y cuando el país de tránsito es un tercer país.

 

• Determinación de quién es el productor inicial de los traslados, en el caso de los residuos de construcción y demolición

 

• Protección de datos en aquellos casos en que se gestionen residuos que contengan datos de carácter personal.

 

• La posibilidad de elaborar documentos de traslado específicos en caso de recogida de residuos a múltiples productores en un mismo vehículo.

 

• La norma se acompaña de unos anexos:
  • contenido del documento de identificación (con o sin notificación previa)
  • contenido de la notificación previa de traslado.
  • contenido mínimo del documento de identificación cuando no se necesita notificación previa, con intención de avanzar en una mayor armonización en todo el territorio del Estado.

Real Decreto completo

La Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente aprueba el Programa de Inspección Ambiental a las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada de Aragón para el año 2020.

Este Programa de inspección ambiental se entiende como un documento operativo que establece procedimientos adecuados para el desenvolvimiento de la actividad de inspección, vigilancia y control, estableciendo el número total de inspecciones a ejecutar, así como las medidas necesarias para que las actividades inspectoras puedan desarrollarse en todo su contenido, aplicando los principios de coordinación, eficacia y celeridad, para garantizar el cumplimiento de los condicionados fijados en su Autorización Ambiental Integrada. Todo ello con el objeto de evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, con el fin último de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

Descargar programa de Inspección Anual 2020