Autor: FEMZ

El Consejo de Ministros ha aprobado, la remisión a la Comisión Europea del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Este texto, que han de entregar todos los Estados miembro para que la UE pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de cambio climático en coherencia con el Acuerdo de París, define los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la incorporación de energías renovables y medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones.

El PNIEC inicia ahora un periodo de información pública. Asimismo, la Comisión Europea y España, como Estado miembro, arrancan un proceso estructurado de diálogo que culminará con la aprobación definitiva del plan a finales del presente año. Cada dos años, se emitirán informes de progreso.

El PNIEC forma parte del “Marco Estratégico de Energía y Clima: una propuesta para la modernización española y la creación de empleo” aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que incluye, además, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Estrategia de Transición Justa.

En la elaboración del PNIEC, realizada en los últimos ochos meses, se han empleado seis modelos matemáticos de referencia internacional y más de 1.000 variables. Sus resultados definen una hoja de ruta para la próxima década, diseñada en coherencia con la neutralidad de emisiones en 2050 -en línea con lo expuesto por la propia Comisión Europea- y basándose en el criterio de neutralidad tecnológica. Se perfila, con ello, una trayectoria coste-eficiente de las diferentes tecnologías capaz de lograr el objetivo de descarbonización.

Los principales resultados que alcanza el PNIEC son:

• La reducción del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990. Al finalizar el año 2017, España estaba 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia.
• Se alcanza un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables en 2030 será del 74%.
• La eficiencia energética del país mejora en un 39,6%.

Efectos macroeconómicos

El PNIEC incorpora un análisis de los efectos sobre la economía y la industria española, el empleo y la salud pública. Concluye que el proceso de modernización hacia una economía descarbonizada movilizará unos 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030. El 80% de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado. El 20% restante, unos 47.000 millones, serán inversiones de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómicas, locales y comunitaria), que actuarán como palanca de la importante financiación privada y que se centrarán, fundamentalmente, en ayudas al ahorro y la eficiencia energética -en especial, a la rehabilitación energética de viviendas- y en actuaciones asociadas a la movilidad sostenible.

La menor importación de combustibles fósiles -en especial, petróleo y carbón- y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará dependencia energética del exterior en 15 puntos porcentuales, pasando del 74% en 2017 al 59% en 2030, lo que además de fortalecer la seguridad energética nacional tendrá un impacto favorable en la balanza comercial de nuestro país. En concreto, la reducción de las importaciones se cuantifica en 75.379 millones de euros entre 2021 y 2030 respecto al escenario tendencial, esto es, sin el conjunto de medidas que plantea el PNIEC.

Como resultado de las inversiones previstas, el ahorro energético y los cambios en el mix energético, el PIB aumentará entre 19.300 y 25.100 millones año entre 2021 y 2030 (un 1,8% en 2030). Las estimaciones macroeconómicas del PNIEC se realizan en cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptado por los países que integran la UE.

Mejora del empleo

Respecto del escenario tendencial, las medidas que se incluyen en el PNIEC generarán entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos, un aumento del 1,7% en 2030. Esta horquilla representa el empleo neto anual, es decir, los puestos de trabajo adicionales y no acumulables que se generan cada año de la década respecto al escenario tendencial.

Las inversiones en energías renovables serán el principal motor de generación de empleo: entre 102.000 y 182.000 nuevos puestos netos año. Le siguen las acciones vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, especialmente la rehabilitación, que generarán entre 42.000 y 80.000 nuevos empleos año.

Por sectores, el mayor crecimiento se producirá en el comercio y reparación (52.700 empleos en 2030); seguido de la industria manufacturera (52.000 empleos en 2030) y la construcción (41.700 empleos en 2030).

Consumidores

En términos generales, los efectos del PNIEC son progresivos y, por tanto, favorecen a los hogares de menor renta y, especialmente, a los colectivos vulnerables. En el caso del precio medio de la luz, la descarbonización generará, en 2030, una rebaja del 12%, antes de impuestos, respecto al precio actual. La previsión es que, a partir de ese año, el precio descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías más baratas y competitivas.

El Gobierno complementará el conjunto de medidas recogidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima con la Estrategia contra la Pobreza Energética, en fase de elaboración.

Reducción de emisiones

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos en 2017 a 226 MtCO2-eq en 2030. Por tanto, al término de la década, dejará de emitirse una de cada tres toneladas.

En el caso de los denominados sectores difusos -residencia, transporte, agricultura, residuos, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones-, la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será el que más reduzca su nivel de emisiones, 44 MtCO2-eq entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 MtCO2-eq entre 2021 y 2030.

El descenso de emisiones de GEI vendrá acompañado de una reducción de los contaminantes primarios que afectan a la calidad del aire. En concreto, las emisiones de partículas PM2,5, las más perjudiciales para la salud, se reducen un 31%; y las de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), principales contaminantes para la formación de PM2.5, descienden en un 44% y en un 29%, respectivamente.

Los cobeneficios para la salud del PNIEC han sido estimados en una reducción en el número de muertes prematuras debidas a la contaminación atmosférica de 2.222 muertes menos en el año 2030 respecto al escenario tendencial. Esto implica pasar de 8.951 a 6.729 muertes prematuras, una reducción del 25%.

Impulso a las renovables

El impulso de las energías renovables en la próxima década es uno de los principales vectores para alcanzar los objetivos del PNIEC. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, así como cantidades menores de otras tecnologías. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

Movilidad sostenible

El sector de movilidad y transporte reducirá sus emisiones en 28 MtCO2-eq entre 2021 y 2030. La principal fuerza motriz que logra ese resultado será el cambio modal que, según las previsiones del plan, implicará que el 35% de los pasajeros-kilómetro que hoy se cubren mediante vehículos convencionales de combustión sean realizados con otros modos no emisores (transporte público, bicicleta, a pie…).

La penetración de renovables en el sector de la movilidad alcanzará el 22% en 2030 a través de la incorporación de unos cinco millones de vehículos eléctricos (coches, furgonetas, motocicletas…) –aproximadamente, el 16% del parque móvil que se espera en 2030, según los modelos empleados en el PNIEC– y el uso de biocarburantes avanzados. El Gobierno acompañará al sector de la automoción en el proceso de descarbonización a lo largo de la próxima década. De hecho, trabaja en el Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción, que determinará la colaboración público privada para el impulso del sector y la atracción de nuevas inversión.

En base a este compromiso, ya se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada, rejuvenecimiento de las plantillas y mayor participación de la mujer, apoyo a la innovación en el sector y formación.

Eficiencia energetica

El resultado de mejora de la eficiencia energética como consecuencia de la aplicación de las medidas del PNIEC es del 39,6% en 2030. De igual modo, la intensidad energética primaria de la economía (la relación entre la demanda o consumo energético y el PIB) mejora en 3,6% anual entre 2021 y 2030.

Entre las medidas planteadas en este sentido, se da prioridad a la rehabilitación energética del parque edificado existente, en línea con los objetivos de la Agenda Urbana Española, que incluyen también la lucha contra pobreza energética y mejorar la accesibilidad.

El PNIEC prevé un ritmo anual medio de rehabilitación energética de 120.000 viviendas en la próxima década. Esta medida, junto con la mejora de las instalaciones energéticas, permitirá un ahorro de energía acumulado de más de 6.700 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep) en el periodo 2021-2030. Se impulsa también una renovación de los edificios públicos, tanto de la Administración General del Estado como de las administraciones autonómicas y locales, de al menos el 3% anual, lo cual permite un ahorro de energía acumulado a lo largo de la década de más de 1.300 ktep así como profundizar en el necesario liderazgo de la administración.

Para llevar a cabo esta renovación se prevé una inversión pública de 11.622 millones de euros así como la movilización de 32.435 millones de euros de inversión privada. La inversión pública se articula, entre otros mecanismos, a través del Plan Estatal de Vivienda así como por líneas específicas gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El Ejecutivo continúa los trabajos de su agenda climática con la preparación de la Estrategia de Bajas Emisiones a Largo Plazo 2050, que ha de ser enviada a la Comisión Europea antes de que acabe 2019.

Fuente: Consejo de Ministros de 22/02/2019

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha tomado nota del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que será el marco normativo e institucional que facilite y oriente la descarbonización de la economía española a 2050, tal y como establece la UE y el compromiso adquirido mediante la firma del Acuerdo de París.

Posteriormente, el Anteproyecto será sometido a información pública como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación.

Este Anteproyecto de Ley, que la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendó elaborar al Gobierno ya en el año 2011, constituye un marco normativo que aporta estabilidad y certidumbre para orientar la descarbonización de los diferentes sectores de la economía española a 2050 y facilitar una transformación gracias a la cual el país ganará en prosperidad, seguridad, generación de empleo, innovación, desarrollo tecnológico y justicia social.

Objetivos para dar certidumbre

El anteproyecto cuenta con dos grandes referencias temporales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), introducir energías renovables y ser más eficientes en el uso de la energía: 2030 y 2050.

Así, para 2030 la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 20% con respecto a 1990; generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial.

El esfuerzo de reducción de emisiones que debe hacer España en la próxima década, para situarse en senda de alcanzar la neutralidad en carbono comprometida en 2050, es muy importante, ya que en los últimos cuatro años ha sido el país de la UE donde más han aumentado las emisiones. En 2017, por ejemplo, las emisiones fueron un 17,5% superiores a las de 1990. Una reducción del 20% respecto a 1990 en 2030 equivale a eliminar de nuestra cuenta de emisiones una de cada tres toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En 2050, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90% con respecto a 1990 y el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

Impulso decidido a las energías renovables

El Anteproyecto de Ley da un impulso decidido a las energías renovables. Para ello, se establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado, pero que incluye subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios (MW) al año.

Además, el texto da un mandato al Gobierno para desarrollar nuevos marcos retributivos para la generación renovable, basados en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimientos de concurrencia competitiva, en los que se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Los combustibles en la transición

El Anteproyecto recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

En ese sentido, el anteproyecto incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. En base a ese informe, se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de tales ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonización.

En cuanto a la desinversión en productos energéticos de origen fósil, el Anteproyecto establece que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor se elabore un estudio del estado de la situación y una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté relacionada con la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.

Asimismo, la propuesta normativa prevé el fomento de combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y, en el caso del transporte aéreo, de biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico, que deberán cumplir con los criterios de sostenibilidad definidos por la normativa europea.

A partir de la entrada en vigor de la ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos ni en tierra ni en aguas territoriales. Tampoco se podrán desarrollar actividades de fractura hidráulica, “fracking”, para la explotación de hidrocarburos. Asimismo, las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 31 de diciembre de 2042.

Apuesta por la movilidad sostenible

En España, el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones causantes del cambio climático, y del 42,1% de las de óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy pernicioso para la salud.

Con el objetivo de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y respetuosos con la salud y el medio ambiente, el anteproyecto establece que se va a trabajar para alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050.

En desarrollo de la senda de descarbonización a 2050, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, de conformidad con la normativa comunitaria, han de ser vehículos con emisiones de 0gCO2/km no más tarde del año 2040, tal y como recoge el borrador de Estrategia a Largo Plazo de la UE, presentado por la Comisión Europea el pasado diciembre.

A tal efecto y para aprovechar las oportunidades que la nueva movilidad brinda a nuestro sector de la automoción, el Gobierno trabajará para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías y a las demandas de los ciudadanos y se pondrán en marcha, junto con el Ministerio de Industria y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, como instrumentos de apoyo a la la I+D+i en el área de la automoción, o un plan de acompañamiento a este sector. Se creará también una Mesa de la Movilidad como órgano de reflexión y asesoramiento para este proceso, con la participación de todos los agentes implicados.

Paralelamente, el Gobierno elaborará una “Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada” que dará respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a las desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.

Puesto que casi el 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades, el anteproyecto insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a fomentar la introducción medidas de lucha contra el del cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; la puesta en marcha de medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; la mejora y uso de la red de transporte público y su progresiva electrificación.

Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tengan un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros) deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kw.

También se prevé que el sector del transporte marítimo y puertos reduzca paulatinamente sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el año 2050. Para ellos se promoverá, entre otras medidas, la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.

Movilización de recursos

Con el fin de incentivar una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático se establece que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono, exceptuando los recursos transferidos a las Administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático. Este objetivo se revisará al alza antes de 2025.

Por otro lado, a partir de 2020, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, y las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrán destinar hasta el 30% de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa.

Contratación pública

Los criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono se incorporarán a la contratación de la Administración General del Estado (AGE) y del conjunto de organismos y entidades del sector público estatal. Además, la redacción de proyectos, contratos o concesiones de obra que se liciten a partir de la entrada en vigor de esta Ley tendrán que seguir criterios de consumo de energía casi nulo, o uso de materiales de construcción sostenibles, entre otros.

La AGE y el conjunto de organismos y entidades del sector público estatal únicamente podrán arrendar inmuebles que tengan la consideración de edificación con consumo de energía casi nulo conforme a la versión vigente en 2020 del Código Técnico de Edificación. Los contratos de arrendamiento en vigor que no cumplan estas condiciones no podrán prorrogarse más allá de 2030.

Sector financiero

Con el fin de llevar a cabo un proceso de aprendizaje que conduzca a identificar y anticipar situaciones potencialmente arriesgadas para la economía española, las entidades cotizadas, de crédito, aseguradoras y reaseguradoras y sociedades de gran tamaño deben elaborar un informe anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero sobre su entidad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a éste de su actividad.

Además, se establece que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, elaboren conjuntamente, cada dos años, un informe de evaluación de riesgos para el sistema financiero español derivados del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Este informe contendrá sugerencias para mitigar el riesgo del sistema financiero y será remitido al Congreso de los Diputados.

Adaptación al cambio climático

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Como novedades más relevantes se establecen objetivos para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático. Asimismo, se señala que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se desarrollará mediante Programas de Trabajo que se aplicarán en periodos de cinco años y cuyos resultados serán revisados periódicamente. Esas revisiones se tomarán como referencia para preparar las propuestas a incluir en el siguiente Programa. El Plan Nacional de Adaptación también se desarrollará mediante planes sectoriales.

El Anteproyecto de Ley da un paso más y recoge, por primera vez, la definición de un sistema de indicadores de impactos del cambio climático en España y medidas de adaptación, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se hacen en esta materia y la necesidad de elaborar informes de riesgos.

Por otro lado, se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión hidrológica, en la costa, en las infraestructuras del transporte y en la ordenación de los usos del suelo. Asimismo, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y disposiciones relativas a la política forestal y desarrollo rural.

Educación e innovación

El Anteproyecto de Ley pretende promover la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento, la capacitación en los nuevos nichos de trabajo del futuro y la responsabilidad social frente al mismo.

A tal fin el Ministerio de Educación y Formación Profesional revisará los distintos itinerarios formativos y de habilitación profesional. El texto contempla la elaboración de un Plan de Formación para impulsar el empleo en los sectores que serán motores de crecimiento económico en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

La investigación, desarrollo e innovación en materia de lucha contra el cambio climático y transición energética se incluirá entre las prioridades de los sucesivos instrumentos de planificación estatales en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología.

Marco estratégico

El Marco estratégico de Energía y Clima cuenta con otros dos pilares fundamentales para asegurar una transición ordenada y solidaria, que también ha recibido luz verde del Consejo de Ministros, se trata del primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 2021-2030 y de la Estrategia de Transición Justa.

El borrador del primer PNIEC (2021-2030), que ha sido remitido hoy a la Comisión Europea, es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la Unión Europea. También recoge los esfuerzos que tienen que hacer todos los sectores a 2030 (energético, industrial, transporte, agricultura, residencial, residuos, así como las aportaciones de los sumideros naturales).

La Estrategia de Transición Justa optimizará las oportunidades de empleo para que ningún territorio ni trabajador se vea afectado por la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

Fuente: Consejo de Ministros de 22/02/2019

La Agenda Urbana es un documento estratégico, sin carácter normativo, que se alinea con los compromisos internacionales asumidos por España a través de la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, y la Agenda Urbana para la Unión Europea.

La Agenda Urbana está enmarcada en un proceso internacional cuyo origen se encuentra en la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. Con ella se quiere dar respuesta a los retos y necesidades que el mundo de hoy nos plantea.

De esta forma, los países adheridos, los representados en las Naciones Unidas, se comprometieron a un total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los ODS, concretamente el undécimo, exhorta a la comunidad internacional a conseguir unas ciudades más sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

En este contexto, España inicia el proceso para la Implementación de la Agenda 2030, proceso en el cual tiene un lugar destacado la Agenda Urbana Española. Dicha Agenda, liderada por el Ministerio de Fomento, contiene:

• Un diagnóstico de la realidad urbana y rural que va del modelo urbano a la población y el territorio, pasando por la economía y la sociedad, el medio ambiente, el cambio climático y la energía, la movilidad, la vivienda y los instrumentos de intervención.
• Un marco estratégico estructurado en un Decálogo de Objetivos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos, con sus posibles líneas de actuación.
• Un sistema de indicadores que permitirá realizar la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
• Unas fichas que ayudan a elaborar los planes de acción para la implementación de la Agenda.
• El Plan de Acción de la Administración General del Estado con propuestas concretas desde el ámbito de las competencias estatales.

El Decálogo de Objetivos Estratégicos que propone la Agenda busca:

1.Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

2.Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

3.Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

4.Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

5.Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

6.Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

7.Impulsar y favorecer la economía urbana

8.Garantizar el acceso a la vivienda

9.Liderar y fomentar la innovación digital

10.Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

Se trata, en definitiva, de un documento que busca inspirar e informar a los encargados de tomar decisiones desde una amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño y población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.

Fuente: Consejo de Ministros de 22/02/2019

El Consejo de Ministros ha estudiado las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, enmarcadas en la Agenda del Cambio del Gobierno y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El documento recoge las propuestas del Ejecutivo en materia industrial a partir de cinco vectores prioritarios: la mejora de productividad y competitividad, el incremento del peso de la industria en el PIB nacional, la sostenibilidad y descarbonización de la economía, la digitalización, y el alineamiento de la política industrial española con la impulsada desde la UE.

El Gobierno trabaja en tres grandes iniciativas para dar respuesta a estos desafíos. En primer lugar, un Pacto de Estado por la Industria que dé seguridad a las empresas y que favorezca la atracción de nuevas inversiones industriales.

En segundo lugar, se elaborará una Estrategia de Política Industrial para España 2030 que defina las medidas necesarias para impulsar el crecimiento del sector industrial español, mejorar su competitividad y generar un crecimiento sostenible e inclusivo.

La tercera iniciativa es la aprobación de una nueva Ley de Industria que actualice el marco regulatorio industrial que data de 1992 a los nuevos retos de digitalización y descarbonización.

Esta política industrial se articularía en torno a 10 ejes de acción, entre los que destacan una mayor penetración de la digitalización y de innovación en el tejido industrial nacional; la mejora de la empleabilidad sobre todo entre los jóvenes y mujeres; la elaboración de una nueva Ley de Industria para adaptar la normativa a los nuevos tiempos; el estímulo al aumento de tamaño empresarial; y la mejora de la financiación.

También el documento aborda aspectos tan esenciales en el tejido industrial como los costes energéticos. En este sentido, se está desarrollando el reglamento del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

La logística industrial es otro tema que recoge este informe donde se pone de manifiesto la importancia del ferrocarril frente al transporte por carretera para ahorrar costes.

Por último, la internacionalización también está muy presente con el objetivo de incrementar el número de empresas industriales que exporten de forma regular, reforzando y potenciando los instrumentos públicos de apoyo a la exportación.

En definitiva, estas Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030 sientan las bases de futuro que el Gobierno quiere implementar para que la industria nacional se sitúe en el foco del crecimiento económico a partir de la colaboración con las diferentes administraciones públicas y agentes sociales.

Fuente: Consejo de Ministros de 22/02/2019