Día: 8 de abril de 2020

Las medidas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para paliar los efectos económicos por la declaración del estado de alarma se prolongarán varios meses más.

Estas medidas afectan a las cotizaciones sociales de trabajadores, empresas y autónomos desde el pasado mes de marzo, pero varían según casos y según su evolución durante los próximos meses.

 

Autónomos con derecho a la prestación extraordinaria

 

Los trabajadores por cuenta propia afectados por el cierre obligado o por la pérdida de ingresos de un 75% o más tienen derecho a solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Esta prestación implica que no abonarán las cotizaciones sociales mientras cobren dicha prestación y que se contabilizará como periodo cotizado.

• Cuota de marzo

En el caso de haber abonado las cuotas con anterioridad a la concesión de la prestación, la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá la parte proporcional correspondiente (desde la declaración del estado de alarma, del 14 a 31 de marzo). Además, para quienes no han podido afrontar esa cuota a día 31, no tendrán recargos por el retraso en el pago de los días 1-13 de marzo.

• Cuota de abril

La TGSS no cobrará la cuota correspondiente mientras se prolongue el estado de alarma. La prestación cubrirá hasta el último día del mes en el que finalice esta declaración (de momento, el 12 de abril, por lo tanto, hasta el 30 de abril)

• Cuotas de mayo y junio

Durante estos meses, se podrá aplazar las cotizaciones sociales a un interés reducido del 0,5%. Para acceder a estos aplazamientos, debe tratarse de autónomos afectados desde y por la situación provocada por el COVID-19, por lo que no pueden tener otro aplazamiento en vigor anterior.

 

Autónomos que mantengan su actividad

 

Los autónomos que hayan mantenido su actividad y no hayan accedido a la prestación extraordinaria podrán acceder a medidas de flexibilización para mejorar su situación durante estos meses.

• Cuota de abril

Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas a un interés reducido del 0,5%. Para poder tramitar este aplazamiento, deberán solicitarlo antes del transcurso de los diez primeros días naturales del mes de abril, para evitar la facturación de la cuota.

• Cuotas de mayo, junio y julio

El Ministerio ha aprobado una moratoria (sin intereses) de 6 meses para estas cuotas (hasta noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021). Sus requisitos se establecerán por orden ministerial. Para quienes no cumplan los requisitos para el acceso a esta moratoria, podrán solicitar el aplazamiento al 0,5% de interés de las cuotas de mayo y junio.

 

Empresas que han presentado ERTEs por fuerza mayor

 

Estas cuotas, al contrario que en el caso de autónomos, se abonan un mes después de la fecha de devengo.

• Cuotas de marzo

Las empresas que hayan visto aprobado el ERTE por fuerza mayor están exoneradas de pagar la parte proporcional de las cotizaciones del mes de marzo de los trabajadores afectados por este ERTE (entre el 14 y el 31).

• Cuotas de abril

La exoneración de cuotas se mantendrá mientras dure el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado. A partir de ese momento podrán solicitar el aplazamiento al 0,5% de interés.

• Cuotas de mayo

Se podrá solicitar el aplazamiento de estas cuotas con un interés del 0,5%.

 

Empresas que han mantenido su actividad

 

Medidas de flexibilización a las que poder acogerse:

• Cuotas de abril

Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas (correspondientes al mes de marzo) a un interés reducido del 0,5%. Para poder tramitarlo, deberán solicitarlo antes de los diez primeros días naturales del mes de abril.

• Cuotas de mayo, junio y julio

Se podrá acogerse a la moratoria de 6 meses para las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio (cuyo periodo de abono es un mes posterior) si cumplen los requisitos. En caso contrario podrán solicitar el aplazamiento al 0,5% de interés para las cuotas a pagar en mayo y junio.

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, FEMZ, ha realizado una encuesta entre las empresas del sector para recoger las incidencias, dificultades y reivindicaciones de los empresarios durante estos días tan complicados y, especialmente, estas dos semanas en las que muchos han tenido que cerrar por completo su actividad.

Analizando la situación en la que se encuentra el sector, el 26% de las empresas encuestadas han tenido que cerrar sus negocios, el 46% se han mantenido abiertas solo con servicios de urgencia, un 22% están abiertos con restricciones y tan solo el 6% se mantienen abierto sin restricciones.

Respecto al desplome de la actividad, las empresas han visto caer su negocio en un 80% de media. Entre las causas destaca la falta de trabajo en casi un 80% de los casos, además, un 41% alega falta de medios para proteger la salud de su personal y un 36% cita falta de suministros.

En cuanto a las medidas laborales adoptadas, un 43% de las empresas encuestadas ha solicitado un ERTE o tiene pensado solicitarlo. De éstas, más del 95% lo ha presentado por causa de fuerza mayor.

Entre los comentarios más repetidos destaca la desprotección y abandono por parte de la Adminstración a las empresas y, especialmente, a pymes y autónomos. Denuncian la escasez de previsión por parte del Gobierno y la falta de ayudas para los pequeños empresarios que son los grandes perjudicados de esta crisis. Asimismo, los considerados como servicios esenciales aseguran haber perdido esa “esencia” pues están viéndose obligados a dar un servicio manteniendo una estructura de personal que son incapaces de sostener.

Por otro lado, entre las reivindicaciones más demandadas se encuentra la falta de EPIs, especialmente entre las empresas esenciales que denuncian que están obligados a dar servicios de urgencia sin poder asegurar la salud de sus trabajadores; y el retraso en la concesión de los ERTEs, la mayoría de las empresas asevera no contar, ni siquiera, con número de expediente.

El enfado es patente en un sector que emplea a más de 50.000 trabajadores en nuestra provincia y cuyas empresas aseguran no saber cómo saldrán de esta situación, e incluso si conseguirán salir teniendo en cuenta que tienen que seguir pagando sus obligaciones trimestrales. Califican esta situación de “sálvese quien pueda”.

Los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto el grave y complicado escenario en el que están viéndose envueltas las empresas del sector. El sector del metal es uno de los principales motores de nuestro tejido empresarial del que dependen miles de puestos de trabajo y al que debemos proteger y apoyar. Es muy importante que las administraciones, de una vez, tomen medidas de apoyo económico real para las empresas.

FEMZ insiste, un colapso sanitario no puede evitarse con un colapso económico. Todas las decisiones del calado que se han tomado deben ir acompañada de medidas de apoyo.

Junto con la reducción de la actividad derivada del estado de alarma –y la consiguiente disminución de la renta disponible de muchas familias–, se está produciendo una disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en el campo español, bien por limitaciones sanitarias a los viajes desde sus países de origen, bien por las precauciones que muchos de esos trabajadores están adoptando a la vista de la evolución de la pandemia, lo que puede acabar por afectar severamente a la capacidad y condiciones de producción de una parte importante de las explotaciones agrarias españolas.

Esta situación, agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa, a su vez, podría poner en peligro el actual abastecimiento alimentario a los ciudadanos, que hasta la fecha se ha desarrollado en condiciones de extraordinaria variedad, cantidad y calidad. De agravarse las perturbaciones que ya se empiezan a sentir en la fase de producción agraria, se podría poner en peligro el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria al completo, con la consiguiente repercusión negativa sobre los consumidores finales.

Ante esta situación, se adoptan ahora determinadas medidas urgentes de carácter temporal,  de entre las que se destaca la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral (con excepción de las derivadas de la propia normativa de alarma – Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo), con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población cercana a los lugares de cultivo que pueda atender las necesidades laborales sin generar desplazamientos excesivos y en plena conformidad con las normas de salud pública acordadas por la autoridad

Es más, se asegura por medio de esta norma que cualquier trabajador que acepte tal contrato temporal no se vea perjudicado, con independencia de que perciba o no algún tipo de subsidio, ayuda o prestación de carácter social o laboral, contributiva o no contributiva.

Podrán asimismo beneficiarse de la compatibilidad con la prestación por desempleo aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado, cabe destacar que se permite asimismo que se acojan a este sistema los trabajadores migrantes cuyos permisos de trabajo concluyan en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020,

Para poder acceder a este tipo de contratos el empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

Asimismo, los trabajadores contratados deberán tener su domicilio (o el lugar de residencia temporal) en alguna localidad próxima al lugar en el que se oferte el contrato de trabajo.

Se establece, asimismo, como medida de refuerzo de la salud pública y la transparencia la necesidad de que el salario se abone por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el trabajador en el contrato. Recordando que, en todo caso, la remuneración mínima que se debe aplicar, con independencia del sector donde proceda el trabajador, debe ser la que corresponda según Convenio Colectivo vigente

Por lo demás, se incorporan determinadas modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública; del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-1), recogiendo modificaciones en el sentido indicado en el presente RDLey. (Prestación extraordinaria para autónomos, exención de tasas, modificaciones procedimentales en trámites ante la Administración, etc)

Real Decreto completo