La disposición final primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, para lo cual modifica varios artículos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
En concreto, se añade a esta ley una disposición adicional undécima en la que se determina que “El Instituto Nacional de Estadística definirá, antes del 31 de diciembre de 2024, un índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda que se fijará como límite de referencia a los efectos del artículo 18 de esta ley, con el objeto de evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos de arrendamiento”.
En relación a la actualización de la renta de alquiler cobrada por el arrendador, el artículo 18 de la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos, establece que “… el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato”.
La norma hoy publicada establece el índice de referencia como el resultado ponderado – con la fórmula que se recoge – entre el IPC general, el subyacente de cada mes y dos parámetros: uno que guarde relación con el crecimiento esperado a largo plazo de dicho índice, y otro que será un coeficiente moderador de dichas diferencias.
Desde el 1 de enero del 2025 – su entrada en vigor – se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda y se publicará con periodicidad mensual por el Instituto Nacional de Estadística.
No resuelve la norma las dudas que puedan plantearse sobre la aplicación a contratos ya en vigor con sistemas pactados de actualización, o la propia preferencia del texto del artículo 18 de la LAU, que sigue hablado solo del IPC, sobre la Disposición Adicional undécima de la misma norma, que habla del índice de referencia.
