este jueves 4 de diciembre el BOE ha publicado la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible que establece un nuevo marco jurídico para transformar la movilidad en España y sitúa la movilidad como un derecho ciudadano como parte de una estratega estatal hacia un transporte sostenible, accesible, seguro y descarbonizado.
Objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible
- Garantizar que ciudadanos y entidades dispongan de un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo.
- Impulsar la cohesión social y territorial.
- Favorecer un desarrollo económico resiliente.
- Reducir emisiones contaminantes y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.
- Mejorar la calidad del aire y la salud pública.
Se concibe la movilidad no como servicio sino como un derecho que los poderes públicos deben proteger.
¿Qué medidas impulsa?
Sistema multimodal integrado
Apuesta por un modelo de movilidad seguro, accesible, digitalizado y sostenible, impulsando la intermodalidad y garantizando costes razonables para la ciudadanía.
Descarbonización del transporte
Fomenta la reducción progresiva de emisiones en todos los modos de transporte, alineada con el compromiso de neutralidad climática para 2050.
Gobernanza y cooperación institucional
Crea el Sistema General de Movilidad Sostenible para reforzar la coordinación entre administraciones y mejorar la transparencia en las políticas públicas.
Nuevo modelo de financiación del transporte urbano
Se establece el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ), basado en principios de equidad, eficiencia y estabilidad.
Logística y transporte de mercancías
Promueve un sistema logístico multimodal más eficiente y resiliente, clave para la competitividad económica.
Innovación y sandbox de movilidad
Incluye un espacio controlado de pruebas para desarrollar proyectos piloto innovadores en movilidad.
¿Qué obligaciones marca?
Fundamentalmente recaen sobre administraciones y operadores, pero afectando directamente en la movilidad ciudadana:
- Fomento de la movilidad activa y transporte público; Las administraciones deberán priorizar caminar, bicicleta y transporte colectivo.
- Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo: Las empresas y entidades públicas con más de 200 trabajadores (o 100 por turno) deberán implantar planes que impulsen:
- Transporte colectivo
- Movilidad de bajas emisiones
- Movilidad compartida
- Reducción de desplazamientos contaminantes
- Cálculo obligatorio de la huella de carbono: Los operadores deberán informar a usuarios sobre las emisiones generadas por sus servicios.
- Datos abiertos y digitalización: Los operadores y proveedores de movilidad deberán suministrar datos actualizados al Punto de Acceso Nacional de Transporte Multimodal (PAN).
- Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Los municipios podrán aplicar tasas a vehículos que superen los límites establecidos para las ZBE, si bien se garantizan excepciones para vehículos de auxilio en vías públicas adscritos al REAV.
- Responsabilidad en pruebas piloto: Los promotores deberán indemnizar daños causados durante proyectos experimentales.
Modificaciones normativas
La Ley 9/2025 introduce múltiples cambios en normas clave del ordenamiento jurídico:
- Ley de Tráfico (RDL 6/2015): reorganización de órganos y creación de la Conferencia Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial.
- Haciendas Locales (RDL 2/2004): habilita tasas por circulación en ZBE y adapta la financiación del transporte urbano al nuevo FECMO-FCPJ.
- Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015): negociación obligatoria de Planes de Movilidad al Trabajo.
- LOTT (Ley 16/1987): incluye el carpooling como transporte privado particular y regula el transporte a la demanda.
- Ley de Carreteras y Ley del Sector Ferroviario: evaluaciones socioambientales ex ante y ex post en infraestructuras.
- Ley de Contratos del Sector Público (2017): revisión de contratos de transporte de viajeros.
- Ley de Cambio Climático (2021): exige infraestructura de recarga eléctrica de alta potencia e impulsa alternativas ferroviarias a vuelos domésticos.
- Reglamento de la LOTT (RD 1211/1990): ajustes en pliegos y contratación.
Es una ley que reorganiza todo el sistema de movilidad en España y su implementación pretende marcar un antes y un después en la movilidad en España, incorporando una visión moderna, social y ambientalmente responsable.
