El Real Decreto 764/2026, de 30 de septiembre, establece la nueva regulación del Registro de producción y gestión de residuos (RPGR). La norma fue publicada en el BOE el 1 de octubre y entró en vigor el 2 de octubre de 2026.
El nuevo sistema busca unificar y mejorar la información relativa a productores, gestores, agentes y negociantes de residuos en todo el territorio nacional.
Entre sus principales novedades se encuentra la creación de códigos específicos de inscripción en función del tipo de operador, la actividad desarrollada y la peligrosidad de los residuos. Además, determinada información del Registro tendrá carácter público en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Las comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, disponen de un plazo de 12 meses para adaptar sus bases de datos y sistemas informáticos a la nueva estructura del Registro estatal.
¿Cómo afecta a las empresas?
Las empresas no tendrán que realizar directamente la inscripción ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Los trámites continuarán realizándose ante la comunidad autónoma correspondiente, generalmente mediante una comunicación previa o una autorización ambiental, en función de la actividad desarrollada.
Una vez presentada y validada la documentación, será la propia Administración autonómica la encargada de realizar la inscripción y trasladar la información al Registro estatal.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva regulación es la obligación de mantener actualizados los datos inscritos. Las empresas deberán comunicar electrónicamente las modificaciones que se produzcan en la información previamente declarada.
Aplicación en Aragón
En Aragón, las empresas continuarán realizando sus trámites en materia de residuos a través del INAGA y de las herramientas electrónicas habilitadas por el Gobierno de Aragón.
La Administración autonómica deberá adaptar sus sistemas al nuevo Registro estatal y continuará siendo la encargada de trasladar al Ministerio las altas y modificaciones realizadas en la Comunidad Autónoma.
Para las empresas aragonesas, la principal recomendación es comprobar que la información de sus centros y actividades ambientales está correctamente actualizada y comunicar cualquier modificación que se produzca.
Esta actualización cobra especial importancia para garantizar que los datos que figuran en el Registro reflejen en todo momento la situación real de cada empresa.
