La Norma publicada (BOA 25/06/2023) reforma y replantea las instituciones del Código del Derecho Foral de Aragón a las que se someten las personas mayores de edad o emancipadas con discapacidad, así como formula legalmente los nuevos principios y reglas generales sobre las medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Novedades
Se suprime toda referencia a la incapacitación y a las personas incapacitadas que, con esta reforma y por disposición de la ley, recuperan su plena capacidad jurídica y son tratadas con la dignidad inherente a todo ser humano, si bien, cuando las personas con discapacidad no pueden ejercitar su capacidad jurídica por sí solas, la ley les ofrece un completo sistema de medidas de apoyo para que puedan actuar en plano de igualdad con las demás personas.
La tutela queda reservada a los menores de edad no emancipados y desaparece la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada. Se separa lo específico de las relaciones tutelares de menores de lo propio de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, pero sin renunciar a refundir en un título previo las normas comunes a ambos regímenes.
Modificaciones en el Libro Primero de “Derecho de la persona”
- La primera cambia la rúbrica del Título I que pasa a ser “Capacidad jurídica y estado de las personas” y le añade un Capítulo preliminar, integrado por dos artículos, sobre “Capacidad jurídica”.
- La segunda modifica por completo el Capítulo II del Título I, que ya no utiliza los términos “incapacidad e incapacitación” ni de “la persona incapaz y la incapacitada” ni de “prórroga y rehabilitación de la potestad de guarda”. Ahora su rúbrica es “Capacidad jurídica de las personas con discapacidad” y consta de 21 artículos divididos en cuatro Secciones: “Capacidad jurídica y medidas de apoyo” (1.ª), “Ejercicio de la capacidad jurídica” (2.ª), “Invalidez e ineficacia de actos y contratos” (3.ª) y “Otras normas generales” (4.ª).
- La tercera y más extensa es la que afecta al Título III, “De las relaciones tutelares”, que se desdobla en tres nuevos títulos: el Título III, de “Normas comunes a las relaciones tutelares y medidas de apoyo”, dividido en cinco capítulos y un total de 32 artículos; el Título IV, de “Relaciones tutelares de menores”, dividido en cuatro capítulos, algunos con varias secciones, y un total de 38 artículos; y el Título V, de “Medidas de apoyo a las personas con discapacidad”, dividido en tres capítulos sobre “Mandatos de apoyo y poderes sin mandato”, “La guarda de hecho de las personas con discapacidad” y “La curatela” y un total de 32 artículos.
Manteniendo sus caracteres esenciales, se introduce alguna modificación puntual en el defensor judicial para ampliar su ámbito de actuación.
Hay otras modificaciones en lo que resta del Libro Primero, en el Libro II, “Derecho de la familia”, y en el Libro III, “Derecho de sucesiones por causa de muerte”. La mayoría de ellas se dirigen a suprimir las referencias a personas “incapacitadas” y sustituirlas por otras adecuadas a su nueva situación como personas con capacidad jurídica y a las medidas de apoyo que, según los casos, pueden necesitar para actuar de forma válida; también, en ocasiones, pretenden ajustar las referencias al juez a las nuevas competencias que la Ley de Jurisdicción Voluntaria atribuye al Letrado de la Administración de Justicia.
Se establecen unas disposiciones transitorias que compaginan el respeto a la persona y a la seguridad jurídica, sustituyendo las anteriores tutelas por curatelas con representación mientras no se modifiquen judicialmente. Se mantienen los mandatos y medidas de apoyo establecidos, siempre que sean compatibles con la nueva ley.
