La garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones ha sido un tema de abordaje clásico en nuestra doctrina desde los años 90, provocando una gran preocupación a los poderes normativos sobre su futura suficiencia. La inminente incorporación a aquel de la generación del baby boom aumenta dicha inquietud, en un claro cuestionamiento del volumen de gastos a soportar. La Ley 21/2021 y el Real Decreto-Ley 2/2023 suponen una tímida apuesta normativa en su contención.
Estas normas introducen el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cotización adicional de solidaridad como instrumentos novedosos para el pretendido apuntalamiento, pero solo desde el capítulo de ingresos al sistema. El resumen final del primero se contiene en esta última disposición de urgencia, regulándose en ella, como novedad. Por otra parte, el planteamiento de la cotización adicional de solidaridad abre un debate científico sobre los efectos que podrá tener tal planteamiento.
En el número correspondiente a los meses de septiembre y octubre de la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF se abordan estas cuestiones, elaborando un estudio doctrinal, monográfico y crítico de ambas figuras recaudatorias.
El estudio se ha realizado con la profusión necesaria para dotarla de singularidad respecto de investigaciones precedentes generalizadas, en relación con ambas reformas, ya que se centra únicamente en aquellas, a propósito de la norma de 2023, y abordando los problemas jurídicos de la reciente aprobación del Real Decreto 322/2024, de 26 de marzo, sobre la reglamentación de la, todavía no vigente, cotización solidaria.
