La Ley 1/2026 convierte la economía social en un pilar estratégico del modelo económico, reforzando su papel en materias como el empleo inclusivo, la cohesión social y la sostenibilidad.
Las cooperativas (tanto en su organización como en su fiscalidad) y las empresas de inserción se ven afectadas por esta norma, que modifica esencialmente la economía social en un sentido más amplio.
¿Qué busca la nueva Ley?
La ley busca modernizar y reforzar la economía social en España, adaptándola a los cambios económicos, sociales y tecnológicos recientes.
Pretende crear un marco jurídico más claro, actualizado y favorable para este tipo de entidades (cooperativas, empresas de inserción, etc.).
Los objetivos de esta ley se alinean con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social que fija como meta dar un mayor apoyo a la economía social no solo en términos de creación de puestos de trabajo, sino también buscando incrementar el impacto social que tienen estas organizaciones en toda la Unión Europea.
Así, son objetivos de la futura norma, en primer lugar, la actualización y adecuación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, como forma de potenciar el papel tractor que tienen las cooperativas en el sector.
Para avanzar en esta regulación se pretende garantizar la creación y el funcionamiento de un nuevo órgano social, la Comisión de Igualdad, encargado de garantizar la conformación y ejecución de los planes de igualdad cooperativos, así como armar la arquitectura de funcionamiento interno capaz de garantizar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias.
En segundo lugar, la actualización y adecuación del marco regulatorio de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la adaptación de las empresas de inserción a las nuevas circunstancias económicas y sociales impulsando la consolidación y el impulso del modelo inclusivo y sostenible y las necesidades de inserción social y laboral de las personas expuestas a factores de vulnerabilidad o exclusión social, con revisión de los perfiles de las personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción, contemplando nuevos factores de exclusión adaptados a la actual coyuntura económica, social y laboral, con la finalidad de afrontar de manera eficaz las brechas de desigualdad.
También se incluye una regulación más detallada de los requisitos de las entidades promotoras de las empresas de inserción actualizándose en resumidas cuentas el marco regulatorio de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, para la adaptación de las entidades de la economía social a las nuevas circunstancias económicas y sociales.
La nueva Ley modifica normas clave
No es una ley aislada, sino que modifica varias normas clave del sector:
- Ley de Cooperativas
- Ley de Empresas de Inserción
- Ley de Economía Social
- Régimen fiscal de cooperativas
Es, por tanto, una reforma estructural del ecosistema de la economía social.
Refuerzo de cooperativas y empresas de inserción
La ley pone especial énfasis en:
- Cooperativas de trabajo asociado
- Empresas de inserción laboral
Medidas principales:
- Mejora del estatuto de las personas socias trabajadoras
- Más incentivos laborales y de Seguridad Social
- Fomento de la inclusión laboral de colectivos vulnerables
Igualdad y gobernanza
Se introduce modificaciones importantes en igualdad, que se traducen en nuevas obligaciones para las empresas en tales materias:
- Planes de igualdad específicos para cooperativas
- Creación de Comisiones de Igualdad
- Exigencia de equilibrio de género (40/60) en órganos de gobierno
La igualdad pasa de ser un principio general a un sistema con medidas concretas y exigibles.
Impulso a nuevos sectores y modelos
La ley fomenta nuevas formas de economía social:
- Vivienda cooperativa en cesión de uso
- Comunidades energéticas
- Economía circular y de cuidados
- Comercio justo
Apoyo público y financiación
Incluye medidas para:
- Facilitar financiación e inversión
- Reducir trabas administrativas
- Favorecer acceso a subvenciones y contratación pública
¿Cuándo entra en vigor?
La norma entra en vigor al día siguiente de su publicación, pero algunas medidas tienen plazos transitorios (ej. adaptación de empresas o web obligatoria).
