El Ministerio del Interior, en su proceso de digitalización, hace uso y obtiene gran cantidad, diversidad y tipos de información, que se ha incrementado de forma muy significativa durante los últimos años, así como la responsabilidad y la sensibilización públicas hacia el uso que se hace de tales datos.
Por ello, se ha definido una Política de Gobierno del Dato para conjugar la necesaria transformación digital con la transparencia administrativa y el derecho a la información con la protección de otros derechos fundamentales, como la privacidad de las personas, la protección de datos de carácter personal y otras restricciones recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, como la seguridad del Estado y la persecución de los delitos, que en el caso del Ministerio del Interior adquieren una especial relevancia.
La implementación de esta Política impulsa, con la necesaria labor formativa, un cambio en la forma de trabajar de los empleados públicos con mayor flexibilidad, motivación y conciliación. Además, impulsa una administración inclusiva, innovadora, abierta, digital y eficiente, con el objetivo de aportar servicios públicos de máxima calidad. Los datos se convierten, en este sentido, en la fuerza de cambio de la Administración Digital.
Por este motivo, la norma considera necesario regular uno de los elementos fundamentales de la gestión de los servicios basada en los datos. Todo ello con el fin de realizar un uso eficaz, eficiente y responsable de los datos en el Departamento durante todo su ciclo de vida, de proteger su autenticidad, integridad, confidencialidad, privacidad, disponibilidad y trazabilidad, y de garantizar su cadena de custodia, interoperabilidad y reutilización.
La Política de Gobierno del Dato del Ministerio del Interior recoge el conjunto de orientaciones y directrices de aplicación en el Departamento y sus organismos dependientes o vinculados para el gobierno del dato, necesarios para garantizar la rendición de cuentas sobre el uso eficaz, eficiente y responsable de los datos en el Departamento, teniendo en cuenta las Normas Técnicas de Interoperabilidad que integran el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), las Normas Técnicas de Seguridad que integran el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, la Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales, así como los estándares y buenas prácticas nacionales e internacionales aplicables para el gobierno del dato, en materia de protección de datos de carácter personal, en materia de transparencia y acceso a la información, y en materia de estadística oficial.
Objetivos
Los objetivos de la Política de Gobierno del Dato del Ministerio del Interior son:
- Establecer las directrices para documentar las decisiones, acciones y operaciones del Ministerio del Interior con el fin de realizar un uso eficaz, eficiente y responsable de los datos en el Departamento, así como proteger la integridad y la cadena de custodia de estos durante todo su ciclo de vida.
- Velar por que la gestión del dato y las nuevas tecnologías que se adopten faciliten la estrategia organizativa y el uso y explotación de los datos que necesite el Departamento.
- Asignar responsabilidades y dirigir la preparación e implementación de las estrategias y políticas de datos que aseguren que estos satisfacen las necesidades del Departamento.
- Monitorizar, a través de los adecuados sistemas de medición, el uso del dato en el Departamento.
- Facilitar la interrelación con la ciudadanía y otras administraciones.
- Facilitar la rendición de cuentas y la transparencia administrativa.
