El absentismo laboral se ha multiplicado en los últimos años afectando directamente a la productividad de las empresas y, consecuentemente, a sus costes laborales; un problema que afecta a todos los sectores de actividad, incluido el sector Metal. Por ello, la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, FEMZ, con la colaboración del CAAR, ha celebrado esta mañana una jornada técnica para analizar este fenómeno y los desafíos que conlleva para las empresas.
En 2023, 1,45 millones de trabajadores en España no acudieron a su puesto de trabajo ningún día del año, es decir, el 7% del total de la población empleada, incrementándose un 74% del 2018 al 2023.
“Estas cifras se traducen en un coste directo para las empresas, que se ha incrementado un 16,34% en un año, siendo hasta marzo de 2024 de 2.002,90 millones de euros”, ha señalado Inmaculada Avellaneda, vicepresidenta de FEMZ. “Esto unido a que al absentismo laboral supone el 1.4% del PIB, significa que tenemos que hacer algo”, ha subrayado Avellaneda.
La legislación actual, la inseguridad jurídica que nos rodea, las largas listas de espera, la falta de recursos y la limitación de actuación de las mutuas se han señalado en la jornada como factores que contribuyen al mantenimiento e incremento de estas cifras.
Jesús Divassón, director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, ha asegurado que “en materia de legislación laboral siempre hablamos de dos velocidades, la de las grandes empresas y la de las pequeñas, sin embargo, en materia de absentismo esto no ocurre. Afecta a todas las empresas con independencia de su tamaño”. Asimismo, Divassón ha insistido en que “estas cuestiones deben tratarse en el marco de la Negociación Colectiva”.
Valentín Bote, director de Randstad Research, ha puesto los datos del sector sobre la mesa. “El sector del metal registra un nivel de absentismo por encima de la media española. El 8,3% de las horas pactadas no se trabajan, de las que el 6,5% se debe a la existencia de alguna baja médica”, ha indicado; pero lo que resulta más preocupante es la tendencia de los últimos años ya que, según ha señalado Bote, “en la última década, el número de horas perdidas por bajas médicas en el sector se ha multiplicado por 2,5. En 2013 estaba en el 3% y ahora está en el 6,5%”.
Desde el ámbito mutualista, Guillermo de Vilchez, director gerente de MAZ, ha asegurado que “la mayoría de las bajas de origen laboral que gestionamos están relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos. En estos casos, el periodo de tiempo para estar de alta es de 39 días y, sin embargo, si es enfermedad común se tarda 26 días más. Esto se traduce en un coste extraordinario”.
El gasto por incapacidad temporal se ha ido incrementando de manera constante a lo largo de los años. Si en 2013 el coste medio del subsidio era de 40€, actualmente se sitúa en 63€, lo que debe multiplicarse, además, por el coste que supone el retraso de la tención sanitaria. “El retraso de una semana de análisis es de 280€, el coste de un retraso de mes y medio en una cita con el especialista es de 1.800€, el coste de una demora de cuatro meses para una prueba diagnóstica es de 4.600€ y el coste del retraso de un año para una intervención quirúrgica es de 14.600€”, ha señalado Mª Ángeles Alcutén, subdirectora provincial de Asistencia Sanitaria y Derechos de los Usuarios del Servicio Provincial de Zaragoza.
Entre las soluciones para intentar atajar el problema, Alcutén ha propuesto la creación de un “tribunal central de bajas” en el que los profesionales de Inspección Médica y las mutuas adquieran el papel de “agentes objetivos con experiencia en el control de bajas laborales y con capacidad para relacionar la enfermedad con el menoscabo, o no, de la actividad laboral”. Igualmente, la subdirectora provincial de Asistencia Sanitaria y Derechos de los Usuarios del Servicio Provincial de Zaragoza ha sugerido “separar la responsabilidad de la decisión de las altas y las bajas por incapacidad temporal”.
Para poner voz a este problema, responsables de cuatro empresas del sector han participado en una mesa redonda en la que los datos han vuelto a protagonizar la jornada. “Ya estamos en dos dígitos”, ha lamentado Carlos Iglesias, director de Recursos Humanos de Stellantis, “cuando en Alemania se hablaba del 10% nos llevábamos las manos a la cabeza, pues ya hemos alcanzado esa cifra. La ratio de absentismo se ha incrementado un 64% desde 2017 y un 40% desde 2019”, ha asegurado Iglesias. Unas cifras que ha suscrito Cristina Herguedas, jefa de Recursos Humanos de la fábrica de La Cartuja de BSH “desde 2017 hasta hoy el absentismo se ha incrementado un 10% al año”; e Ignacio Navarro, director financiero de Cables RCT, “el absentismo se ha duplicado respecto al año pasado”.
Las empresas han puesto el foco en las consecuencias que esta situación provoca tanto en la estructura organizacional como económica. “Hay un coste económico, un coste de calidad, un coste para los trabajadores porque hay que cortar rotaciones y un cote reputacional”, ha recalcado el director de Recursos Humanos de Stellantis. “La falta de un trabajador se traduce en menor producción y un día perdido en producción es un día muerto. Una situación que en las empresas que trabajamos a turnos se agrava”, ha asegurado el director financiero de Cables RCT.
Sonia Beltrán, directora financiera y de Recursos Humanos de Kalfrisa, ha puesto la voz de las pymes. “La ausencia de una persona en una plantilla de diez personas supone el 10% de la misma”, ha advertido. No obstante, ha puesto en valor que “el hecho de ser una pequeña empresa nos permite aplicar medidas de flexibilidad en función de las personas”.
La jornada organizada por FEMZ ha puesto de manifiesto que el absentismo ha pasado a ser un problema enquistado y estructural, impactando directamente a la productividad, un parámetro que en España está muy por debajo de los países líderes productivos y competitivos.
“Una tasa de absentismo de dos dígitos es inasumibles para nuestro ecosistema empresarial, máxime cuando la mayoría son pymes”, ha insistido Benito Tesier, presidente de FEMZ. “Aunque recurrentemente desde las organizaciones empresariales se muestre el desacuerdo con diferentes medidas impulsadas por el Gobierno central, la preocupación va más a allá de los efectos individuales e inmediatos de cada una de ellas. Nos preocupa especialmente su impacto en la sostenibilidad y la competitividad a medio y largo plazo de nuestras empresas”, ha recalcado Tesier.” Asimismo, el presidente de FEMZ ha destacado la necesidad de “gestar un acuerdo autonómico para articular medidas de colaboración entre la administración y las mutuas”.
Los efectos negativos del absentismo deterioran la competitividad y comprometen las futuras inversiones de las empresas en nuestro territorio, lo que perjudica la capacidad de generación de riqueza de nuestro ecosistema empresarial y, lo más importante, reduce el potencial de oportunidades para retener el talento de las generaciones venideras.
