Hace unos días anunciábamos la promulgación de la Orden estatal APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modificaba su anexo.
Adaptándose a las exigencias de esa normativa y al calendario en ella fijado, se publica por el Gobierno de Aragón este Decreto 87/2018 en el que – realizando una reestructuración de las competencias del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad – añade una nueva disposición adicional sexta con la siguiente redacción:
“Disposición adicional sexta. Competencia para la iniciación y resolución de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental.
Son órganos competentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para la iniciación y resolución de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental establecidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, los directores de los servicios provinciales cuando la valoración inicial de los daños sea inferior a doce mil euros; los directores generales cuando la valoración inicial de los daños sea superior a doce mil euros e inferior a treinta mil euros y el consejero cuando la valoración inicial de dichos daños sea superior a treinta mil euros”.
